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Borrados al nacer, la realidad de las personas intersex en Ecuador
Edición Cientonce documenta angustias, logros de esa comunidad
QUITO, Ecuador — ¡A Axa le encontraron un útero!
—¡¿Cómo?!
—¡Axa tiene útero! ¿Qué vamos a hacer?
En el baño de un hospital, Gabriela habla con su esposo por teléfono. Llora. La angustia la carcome. En una resonancia magnética de su hijo Axa, en ese momento de 13 años, alcanzó a leer “cuerpo uterino”. No necesitó leer más.
Las visitas de Axa a los hospitales eran igual de habituales que jugar PlayStation, su pasatiempo favorito. Hasta antes de los 10 años, había sido intervenido en cuatro ocasiones para adecuar su genitalidad y hacer que tenga pene y testículos, además tenía citas médicas regulares y exámenes de control.
Axa nació con genitales que visiblemente son difíciles de distinguir entre los sexos masculino o femenino. En letras rojas, la palabra indeterminado estaba escrita en la pulsera identificativa que se coloca a cada recién nacidx con sus datos, entre estos, el del sexo.
Gabriela solo tenía 16 años cuando Axa nació el 14 de julio de 2001. Era su primer hijo.
“En el hospital hacen varios estudios y juntas médicas y me dicen que es ‘indeterminado’, pero como había que inscribir rápido a los bebés, me dijeron que provisionalmente le iban a poner sexo masculino hasta que saliera el examen de cariotipo”, relata Gabriela 21 años después, desde Quito.
Ese examen describe las características de los cromosomas, que son los que recogen la información genética de una persona y determinan su sexo. Ella desconocía cuál era su objetivo.
“Yo lo único que quería saber era por qué él nació así”, asegura.
Los resultados tardaron dos meses en llegar. En ese lapso, junto a un Axa de apenas semanas de nacido, visitaban más consultorios. Uno de los médicxs que lo atendió, le diagnosticó hipospadias severas y una criptorquidia bilateral (en la primera, la uretra no está en la punta del pene; y en la segunda, los testículos no han descendido).
Cuando los resultados del cariotipo estuvieron finalmente listos, Gabriela se los entregó al médico de cabecera de Axa. “Aquí está todo normal, es varón”, le dijo.
“Para mí fue un alivio que me dijera que era solo una malformación congénita, no genética, que solo era de acomodarle por fuera, que iba a tener hijos y una vida sexual normal”, recuerda.
Pero el resultado de ese examen fue XX; es decir, sexo cromosómico femenino. Gabriela entendería esas XX 13 años después …
X y Y, esas dos letras, esos dos cromosomas, son los que determinan el sexo cromosómico, que sumado a otros factores define la biología de una persona.
Con dos cromosomas XX se es mujer; con un cromosoma X y otro Y, hombre. Esa es la “regla” biológica. Pero, ¿qué pasa cuando simultáneamente alguien presenta características de ambos polos del espectro sexual?
Quienes nacen con características sexuales, sean los genitales, las gónadas (glándulas genitales) o los patrones cromosómicos (cariotipo), que no corresponden a las “típicas” nociones binarias de los cuerpos masculinos o femeninos, son las personas intersexuales o intersex, representadxs en la I de las siglas LGBTIQ+.
La intersexualidad representa una variación natural del cuerpo en donde las categorías hombre-mujer son insuficientes para nombrar el amplio espectro de corporalidades. El cuerpo de Axa representa esta diversidad.
El término intersex abarca entre 60 y 80 variaciones de cuerpos sexuados reconocidos por la genética y la biología molecular, como expone Cristian Robalino Cáceres, en su libro “¿Es niño? ¿Es niña? ¿Ninguno de los dos? ¿Quién decide? El ejercicio médico-jurídico en torno a la intersexualidad en Ecuador.“
En tanto, desde la campaña mundial Libres e Iguales de Naciones Unidas se explica que, en algunos casos, los rasgos intersex son visibles al nacer, mientras que en otros no se manifiestan hasta la pubertad. Incluso, algunas variaciones cromosómicas de las personas intersexuales pueden no ser físicamente visibles en absoluto.
Sin embargo, en el imaginario social las personas intersexuales son los comúnmente llamados hermafroditas, un término en el que el activismo intersex encuentra una carga peyorativa y que, como indica Robalino Cáceres, “hace alusión a aquella figura de la mitología griega que encarna a los dos sexos en un solo cuerpo”.
Fuera de la ‘regla’ biológica y social
Si bien desde siempre han existido y existen otras corporalidades y variaciones naturales de los cuerpos biológicos, la filósofa feminista estadounidense Judith Butler sostiene que el régimen normativo que ha construido “verdades” en lo concerniente al género y a la sexualidad es la heteronormatividad, según la cual solo se contemplan dos formas de entender la humanidad: los conceptos hombre y mujer.
En ese sentido, Robalino Cáceres detalla en su libro que dentro de este régimen heteronormativo los conceptos hombre y mujer son entendidos a través de la siguiente operación: hombre: pene y testículos, cromosomas XY, masculino heterosexual; mujer: vagina, ovarios y útero, cromosomas XX, femenina y heterosexual.
De ahí que, según Butler, todo lo que no se atañe a esa “regla” biológica, se castiga mediante una “severa violencia excluyente”. Así ha sido históricamente con las personas intersex.
Desde su nacimiento, están expuestas a situaciones de violencia que se inician con intervenciones quirúrgicas para asignarles aribitrariamente un sexo y, a lo largo de toda su vida, a la falta de acceso integral al sistema de salud, así como a atenciones médicas que consideran estas identidades como patológicas.
En el prólogo del libro de Robalino Cáceres, la filósofa argentina Diana Maffía expone que desde la medicina la condición intersexual se interpretaba como una monstruosidad y se estudiaba desde la teratología, la disciplina que dentro de la zoología estudia a las criaturas anormales.
Esa mirada médica sobre los cuerpos intersexuales sigue siendo actualmente patologizante. En la CIE-11 (Clasificación Internacional de Enfermedades), la guía que la Organización Mundial de Salud emplea para los diagnósticos médicos, la condición intersexual está categorizada como “Trastornos del Desarrollo Sexual”. Este documento los describe como “cualquier afección causada por la falla de los genitales para desarrollarse correctamente durante el período prenatal”.
Mientras la mirada médica tiene esta perspectiva de “trastornos” o “afecciones”, los organismos internacionales de derechos humanos exhortan a proteger la integridad de las personas intersex desde su nacimiento.
En 2013, el Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes calificó a las cirugías reconstructivas practicadas a personas intersex como actos detortura y exhortó a derogar leyes que permitan la realización de tratamientos irreversibles sin su consentimiento.
El mismo año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) puso en marcha la campaña Libres e Iguales en la que resalta la importancia de prohibir estos procedimientos quirúrgicos porque pueden producir esterilidad permanente, dolor, incontinencia, pérdida de la sensibilidad sexual y sufrimiento mental de por vida, incluida la depresión.
Dos años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe “Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América“, recomendó a los Estados hacer modificaciones en materia legislativa y de política pública para prohibir procedimientos médicos innecesarios a personas intersexuales.
Sin embargo, en Ecuador, no se ha avanzado en leyes o políticas públicas para proteger a la población intersex. Cuando la Asamblea Nacional incorporó la prohibición de procedimientos de asignación de sexo a niñxs intersexuales en el Código Orgánico de Salud que aprobó en 2020, el expresidente Lenín Moreno lo vetó en su totalidad y, en consecuencia, no entró en vigencia. Mientras, el Ministerio de Salud Pública (MSP) aprobó un protocolo para el abordaje médico de la intersexualidad, pero es prácticamente desconocido en los hospitales del país.
¿Qué pasa con mi cuerpo?, la pregunta sin respuesta
“No me han sabido decir a ciencia cierta qué pasa con mi cuerpo. Lo he tenido que descubrir yo porque los médicos no han sabido cómo abordarme”, cuenta Wilmer González Brito una tarde un tanto gris de abril en Cuenca.
Él no solo es una persona intersex, sino el activista intersexual más visible de Ecuador. Desde ambos lugares afirma que la intersexualidad “es un tema completamente desconocido” entre los profesionales sanitarios del país.
“Los médicos que hemos capacitado dicen: estos temas no nos dan en la academia (…) Para nosotros el único tipo de intersexualidad es cuando vemos una vagina y un pene, pero de las realidades que vienen con las gónadas, con los temas hormonales, no sabemos”, refiere.
Él ha estado en esas capacitaciones porque es el coordinador y vocero de Intertulias, el único colectivo intersex del país. Ese espacio se creó en 2014 para luchar por los derechos de las personas intersexuales y para que sus voces sean escuchadas.
Con González Brito concuerda Edgar Zúñiga Salazar, médico y coordinador general de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI, al señalar que “el principal problema en la parte médica es que no se enseña sobre intersexualidad”.
“Lo que te enseñan es sobre síndromes o trastornos del desarrollo sexual, entonces te formas con una mirada patologizante y problematizadora de la diversidad sexual corporal. Es incluso un tema estructural cultural. Como tienes una ausencia de información sobre intersexualidad en la sociedad, esto se replica en la parte académica”, considera.
La publicación del Ministerio de Salud Pública, en 2018, del denominado “Protocolo de atención integral a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual“-nombre que el activismo intersex considera patologizante- no ha servido para llenar ese vacío.
Este es el único manual que establece las directrices que deben seguir los profesionales de salud que se encuentren involucrados en la atención de personas intersex.
Pero hoy, a cuatro años de su presentación, éste nunca se ha aplicado. “El Protocolo no se ha implementado”, confirma el Ministerio de Salud Pública a Edición Cientonce.
En sus respuestas, el Ministerio añade que esto responde a que “son necesarios otros insumos normativos” para incluir en su cartera de servicios temas específicos de atención para esta población.
La única normativa vigente es el “Manual Atención en salud a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex (LGBTI)“, que desde 2016 es de cumplimiento obligatorio y provee a los profesionales y estudiantes de ciencias de la salud las herramientas y recomendaciones para la atención de personas de la diversidad sexo genérica.
Sin embargo, la población intersex experimenta atenciones violentas. “Me acuerdo de una doctora que me atendió y me dijo ‘tienes un cuerpo anormal’ (…) y por último ‘no podemos hacer nada porque esto tampoco es algo que podamos curarte’”, rememora Gónzalez Brito sobre una consulta médica.
Él era un adolescente cuando reparó que tenía una corporalidad que consideraba distinta a la de su hermano y primos: menos cintura y más cadera. Ya de adulto, empezó a manifestar intensos dolores en el estómago y retortijones todos los meses. Estas dolencias lo impulsaron a acudir a especialistas, quienes le revelaron que tiene un ovario y un testículo, una de las variaciones de la intersexualidad.
Aunque en una de esas citas médicas, un médico lo increpó: “¡¿Por qué ibas a tener cólicos tú, si eres un hombre?!”.
***
En su adolescencia, Axa usaba dos chompas: una gris y una verde, con cualquier pantalón. Las usaba a diario. No optaba por más prendas de vestir. Con esas chompas, ocultaba sus pechos, que empezaron a crecerle a los 12 años.
Cuando el cuerpo de Axa presentó estos cambios, su médico de cabecera le indicó que tenía ginecomastia, un “trastorno” -según lo califica la CIE-11- que produce en los hombres un volumen excesivo de los pechos.
La recomendación fue que bajara de peso. Axa inició una dieta y se ejercitaba, pero los pechos se hicieron más notorios e incluso se formaron las areolas. A la misma edad, empezó a orinar sangre cada mes. Generalmente, cinco días seguidos. Y sentía dolores abdominales que hasta llegaron a despertarlo en las madrugadas.
Axa se mostraba irritable en su adolescencia. Se encerraba en su dormitorio. Lloraba. Los videojuegos eran un escape de las citas médicas y tratamientos que debía seguir.
El día que cumplió 13 años, tras perder una jugada de PlaySation, cruzó sus brazos y sintió que una secreción salía de sus pechos. “Pensé que era sudor, pero no estaba sudando; me comencé a presionar a propósito y salió bastante”.
Dos días después, decidió contárselo a su madre. Gabriela recurrió nuevamente al médico de cabecera de su hijo. Él ordenó una resonancia magnética, pero con un pedido adicional: buscar gónadas femeninas.
Es en esa hoja de resultados, donde ella leyó: “se observa una zona que correspondería a cuerpo uterino”. “Próstata no visible”.
Fue entonces cuando comprendió lo que 13 años antes no había entendido: el cuerpo de Axa es intersexual y no masculino, el sexo que arbitrariamente le fue asignado al nacer. También entendió que los dolores abdominales de su hijo eran en realidad cólicos menstruales y la sangre en la orina, menstruación.
Desde la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI, están acompañando a personas intersex, “a quienes toda la niñez prácticamente les ha sido robada”, señala su titular, Edgar Zúñiga.
Al igual que Axa, expone, “han tenido que vivir una infancia impuesta”. “Los casos que acompañamos son de personas que han sido sometidas a violencia médica, incluso quirúrgica, hormonal, etcétera”, revela.
Y esta imposición de corporalidad e identidad, explica Zúñiga, acarrea “un impacto muy fuerte” en la “construcción identitaria porque se parte de una negación del yo”.
El “Protocolo de atención integral a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual” no establece una prohibición expresa de las intervenciones quirúrgicas, pero sí menciona que no todas las personas intersex requieren operaciones.
El documento estipula que un comité multidisciplinario (conformado, entre otros especialistas, por pediatras, genetistas, endocrinólogos, neonatólogos y personal de salud mental especializados en género y diversidades sexuales) debe discutir, asesorar y deliberar la condición con cada paciente y sus familiares. Y que estas decisiones deben autorizarse mediante consentimiento informado.
Además, que el objetivo de las intervenciones quirúrgicas es evitar problemas de salud física y que la estética corporal y función sexual “es un tema que le concierne únicamente a la persona”.
«Se dice que son los padres, le niñe, le adolescente, quienes pueden tomar las decisiones sobre la soberanía de sus cuerpos, pero siempre se va a requerir una asesoría médica y ese consentimiento informado puede ser muy manipulado. Si yo, en una asesoría perinatal, le digo a los padres que ese niñe va a sufrir discriminación y va a ser violentado por no tener un sexo asignado, ahí se está manipulando la información para que los familiares autoricen un procedimiento que el protocolo claramente enuncia que es innecesario”, manifiesta Edgar Zúñiga.
Desde Quito, Carolina cuenta que, sin el cumplimiento de exámenes previos, un urólogo recomendó la intervención de su hijo, Álvaro, quien hace 8 años nació con hipospadias.
“No se hicieron exámenes endocrinológicos ni de cariotipo, nada de eso. Ya nos estaba dando una fecha de cirugía”, recuerda.
Coincidentemente, ella estaba realizando una investigación sobre intersexualidad para su tesis de universidad y es así como descubrió que el hipospadias es un tipo de variación intersex.
Aunque según el documento “El ABC de la I”, que elaboró Intertulias, “el hipospadias no suele diagnosticarse como condición intersex sino como malformación en el pene de un varón, a ser tratada con cirugía correctiva”.
Pese a la recomendación e insistencia del médico para asignar un sexo, Carolina decidió no operar a su hijo y que sea él quien tome la decisión en su futuro. Sin embargo, sí pasó por el quirófano el año pasado cuando presentó infecciones urinarias porque el canal de la uretra se estaba cerrando como consecuencia del hipospadias.
Ella pidió expresamente estar presente en el quirófano para cerciorarse que solo amplíen el canal de la uretra y no realicen ningún procedimiento adicional por motivos estéticos.
Los padres de Maykel, en cambio, sí optaron por la operación. Al igual que Álvaro, nació con hipospadias.
El niño, de 10 años, fue intervenido en dos ocasiones: a los 3 y 8 años. La primera intervención fue para abrir el canal de la uretra, ya que su escasa micción podía afectar sus riñones, y la segunda para formar el pene.
“El doctor me dijo que iba a ser un problema si no se le hacía la cirugía, porque no iba a ser un niño normal”, señala Karina, su mamá, una mañana de mayo en su casa en Santo Domingo de los Colorados.
Según relata, la segunda intervención fue meramente estética. “El doctor me explicó que Maykel ya no corría ningún riesgo del riñón, porque con el catéter él podía orinar normalmente y que la cirugía que estaba pendiente era como estética para para formar su penecito y que orine normal”.
Con orinar “normal”, Karina se refiere a que su hijo orine parado y no sentado como lo venía haciendo desde que dejó de usar pañales.
Al no tratarse de una situación que ponía en riesgo su salud, esa segunda intervención tardó cinco años en practicarse.
Karina y su esposo René estuvieron de acuerdo con las dos intervenciones sugeridas por el médico. Incluso descartaron la recomendación de una especialista de que sea Maykel quien decida cuando tenga 18 años.
Entre los exámenes médicos que los padres de Maykel conservan en una carpeta, constan pruebas de sangre y ecografías, pero no de cariotipo.
Un casillero sin la I
No se sabe cuántas intervenciones de asignación de sexo a niñxs intersex se han hecho en Ecuador. Tampoco cuántas personas son intersexuales ni cuántas nacen por año en el país.
El Registro Estadístico de Nacidos Vivos y Defunciones Fetales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) sigue manejando dos únicas categorías de sexo: hombre o mujer.
Y así consta en la información que el Ministerio de Salud hizo llegar a Edición Cientonce. Los nacimientos intersex no se contabilizan.
La legislación ecuatoriana maneja los nacimientos con una concepción binaria y no considera la intersexualidad como una condición biológica. La Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, en su artículo 30, establece que “el sexo será registrado considerando la condición biológica del recién nacido, como hombre o mujer, de conformidad a lo determinado por el profesional de la salud o la persona que hubiere atendido el parto”.
La misma ley señala que la inscripción de niñxs debe obligatoriamente hacerse durante los tres días posteriores al nacimiento. De lo contrario, los médicos pueden ser sancionados.
La decisión, entonces, del sexo que se asigna a niñxs intersex prácticamente queda a potestad de los médicos y en un plazo contrareloj.
El único dato oficial que existe es el del Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACCA), que incluye la variable intersex.
A partir de esos registros se sabe que, por ejemplo, en 2021, en los establecimientos de salud a nivel nacional se registraron 707 atenciones a personas intersexuales.
Para Wilmer González Brito esos registros «no reflejan una realidad». “Tú les tienes que decir a los médicos que te registren en la i (de intersex). A mí me quieren poner directamente en la h (de hombre). Se basan en lo que ven y como me ven hombre, inmediatamente te vinculan en el binarismo”, sostiene.
Desde Santo Domingo de los Colorados, Bárbara Jiménez también cuenta que siempre debe corregir a los doctores.
En las citas médicas, en cualquier especialidad, asumen que es una mujer trans. No preguntan, solo asumen. En ocasiones, prefiere evitar explicaciones: “A veces ya me aburre. Ya digo, ay, que piensen lo que quieran. Los médicos me preguntan si me identifico como hombre o mujer, y yo digo como mujer, pero soy intersexual, y me responden ‘¿y eso qué es?’”.
Hasta los 18 años, Bárbara usó prendas de vestir comúnmente asociadas a las que usaría un hombre, pero por su tipo de intersexualidad (insensibilidad a los andrógenos), su cuerpo no lee la testosterona (hormona masculina) y tiene mayores niveles de estrógenos (hormonas femeninas); por ello, a los 12 años, le crecieron senos y caderas.
En las clases de natación del colegio, como debía usar un short corto y ajustado, sus pechos quedaban expuestos. “Yo tenía que cubrirme los pechos con los brazos. Esto me producía cierto malestar, cierta vergüenza”, recuerda.
Bárbara conoció la palabra intersexual en 2012 investigando en internet lo que le pasaba a su cuerpo. Entre los doctores a los que acudía, no hallaba respuestas. Al contrario, recibía violencia.
Un endocrinólogo le sugirió que asista a las clases que dictaba en una universidad para que sus estudiantes analizaran su caso. “Iba a estar como rata en laboratorio, para que me estudien. Yo no me sentí cómoda con eso y no regresé (a una nueva cita) con ese médico”, cuenta.
En la vida de una persona intersex, la falta de preparación y conocimiento de los profesionales de la salud no solo se traduce en atenciones violentas. Es el inicio de un viacrucis, de la búsqueda de un médico que, en el mejor de los casos, les ofrezca respuestas o una certeza a medias.
La psicóloga clínica Vanessa Quito atiende en su consulta a dos personas intersex. “Las familias no han pasado solo por uno, vienen pasando por cuatro, cinco, seis médicos. Es la desesperación de que quizás alguien pueda hablar un ‘idioma diferente'”, relata Quito, quien también es máster en intervención psicosocial familiar.
Desde el Ministerio de Salud, sin embargo, se asegura que en todos sus establecimientos se brinda atención «sin discriminación alguna» y que capacitan “en temas de derechos humanos” a todo el personal.
***
Gabriela rompió contacto con el médico que operó a Axa en cuatro ocasiones cuando era niño y decidió denunciar el caso ante el Ministerio de Salud. Esta denuncia, presentada en septiembre de 2014, fue la que dio paso a que por primera vez la máxima autoridad sanitaria del país comenzara a discutir sobre las intervenciones quirúrgicas para asignar un sexo/género a lxs recién nacidos intersexuales, como detalla Robalino Cáceres en “¿Es niño? ¿Es niña? ¿Ninguno de los dos? ¿Quién decide? El ejercicio médico-jurídico en torno a la intersexualidad en Ecuador”.
En el proceso administrativo, el médico defendió las intervenciones realizadas a Axa. “Los trastornos del desarrollo sexual tienen etapas específicas que denotan que no nos hemos saltado procesos. Hay niños que durante el primer año de vida son diagnosticados, pero a los 14 años, con el despliegue sexual y hormonal, pueden cambiar su tendencia (…). Y sigo manteniendo que él es un varón”.
Pero eso no era lo que indicaba el cariotipo ni fue la decisión de Axa. Recién a los 14 años él pudo decidir, por primera vez, sobre su cuerpo. Y decidió mantener su identidad masculina y someterse voluntariamente a nuevas intervenciones quirúrgicas, entre estas, una doble mastectomía.
Hoy, con 21 años, finalmente está a gusto consigo mismo. “Me siento bien con lo que soy, me siento bien siendo intersexual. Antes me veía como algo raro, literalmente algo que no estaba dentro de lo binario, que no estaba dentro del canon, y ahora me siento completamente bien”.
“De niño yo hubiese preferido que se me informe y se me explique para qué me estaban haciendo las operaciones. Es frustrante entrar y salir de quirófanos sin tener la menor idea de por qué lo estás haciendo. Yo solo sabía que había que hacerle unas ‘correcciones’ a mi cuerpo, nada más”.
Por esas “correcciones”, el Ministerio de Salud Pública sancionó en diciembre de 2014 al médico que operó a Axa. La Cartera de Estado le impuso una multa de 3.400 dólares, pero no revocó su licencia; siguió y sigue atendiendo.
Gabriela también recurrió a la justicia, que en 2018 falló a su favor y al de Axa por daño moral, y obligó a pagar una indemnización de 100.000 dólares.
“Si alguien le notó niña, ¿por qué no me dijeron?”, llegó a decir el médico.
Fue a partir del caso de Axa, que la Dirección de Derechos Humanos, Género e Inclusión del MSP elaboró el “Protocolo de atención integral a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual”, el primero para abordar las realidades intersex en el sistema de salud.
Pero como nunca se ha implementado, historias como la de Axa pueden volver a repetirse, historias de infancias impuestas y sometidas a intervenciones quirúrgicas para asignar un sexo bajo una mirada médica patologizante, historias de atenciones médicas discriminatorias y violentas, historias de personas que por nacer fuera de la “norma corporal” son borradas al nacer.
EQUIPO INVESTIGATIVO:
Reportería, investigación, coordinación general, redacción y edición:
Daniela Mejía Alarcón y Víctor Hugo Carreño
Asesoría en investigación:
Cristian Robalino Cáceres
Fotografías y videos:
Óscar Molina V. y Fabio Abad Baus
Edición audiovisual:
Fabio Abad Baus
Ilustraciones para web y redes sociales:
Víctor García Mejía
Corrección:
Fausto Lara
En este reportaje, ciertos testimonios aparecen con nombres protegidos a pedido expreso de lxs entrevistadxs.
Este reportaje ha sido producido con el financiamiento de la Unión Europea en el marco del proyecto Adelante con la Diversidad II: Fuerzas sociales, políticas y jurídicas para la protección efectiva de los derechos del colectivo LGBTI y sus defensores en la Región Andina. Su contenido es responsabilidad de Edición Cientonce.
Noticias en Español
Histórico: personas LGBTQ+ ya pueden donar sangre en Honduras
Se publicó acuerdo ejecutivo 002-2024 el 30 de noviembre en la Gazeta
Un esperado avance en la lucha de las poblaciones LGBTIQ+ se produjo tras levantarse la prohibición que durante 25 años impidió que las poblaciones de las disidencias sexuales donaran sangre en Honduras.
Con la publicación del 30 de noviembre en el diario oficial La Gaceta se puso fin a la reforma legal que durante un cuarto de siglo prohibió a las poblaciones LGBTIQ+ donar sangre sin importar las circunstancias. Así, por medio del acuerdo ejecutivo 002-2024, las disidencias sexuales han obtenido un pequeño triunfo tras levantarse el impedimento legal de donar sangre, aunque eso haya puesto en riesgo vidas humanas.
De ese modo, la nueva reforma publicada hace cinco días modifica el acuerdo 629, llamado «Norma técnica para el manejo de la sangre y los componentes sanguíneos», emitido en agosto de 1999 y publicado en La Gaceta en enero del año 2000.
La norma técnica de 1999 ordenaba «excluir en forma permanente” de la donación de sangre «a homosexuales, bisexuales [y] heterosexuales con comportamiento sexual de riesgo”, entre otros.
La razón de tal exclusión, según la norma técnica de hace 25 años, era que “por razón de sus prácticas sexuales o exposición a alto riesgo, tienen mayor probabilidad de adquirir la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana u otros agentes infecciosos”.
25 años sin donar sangre
“Nuestra sangre no es distinta. Este avance significa 25 años de lucha por nuestros derechos”, dijo a Reportar Sin Miedo Indyra Mendoza, coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas, tras conocer el acuerdo que restituye a las poblaciones LGBTIQ+ el derecho de donar sangre.
Esta reforma histórica se debe al trabajo de litigio estratégico de la Red Lésbica Cattrachas, que impulsó ante el Sistema Interamericano el derecho de donar sangre de las personas LGBTIQ+.
Este nuevo logro de Cattrachas se suma a su exitoso trabajo para obtener la sentencia en el caso «Vicky Hernández versus Honduras» que significó la condena del Estado hondureño por el asesinato de la líder trans.
En el proceso, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU se han involucrado durante los últimos años con dictámenes, informes técnicos y acciones para la no discriminación de las disidencias sexuales en la donación de sangre.
El nuevo acuerdo que restituye el derecho de donar sangre a las disidencias sexuales se produce tras un cuarto de siglo durante el cual el Estado solo cumplió en parte su papel de protector de la persona humana en lo referente a las disidencias sexuales de Honduras.
Así, la política sobre la sangre y sus derivados que había estado vigente desde 1999 negó a las poblaciones LGBTIQ+ el derecho de donar sangre junto con personas trabajadoras del sexo, farmacodependientes, hemofílicos, politransfundidos, compañeros sexuales de personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana y alcohólicos habituales.
La normativa estaba ‘desfasada’
La prohibición de donar sangre que afectó a las poblaciones LGBTIQ+ en Honduras no solo les impidió el goce pleno de sus derechos. Además, la reforma vigente desde agosto de 1999 hasta el 30 de noviembre de 2024 segó vidas como la de Marcela, la pareja de Eliza*.
Eliza vivió en carne propia esta reforma discriminatoria cuando no pudo donar sangre para Marcela, quien estaba muriendo de leucemia en el Seguro Social de Tegucigalpa en julio de 2020.
“La primera vez que intenté donar sangre, la Cruz Roja me rechazó sin decirme motivo. Necesitaba donar con urgencia porque mi pareja necesitaba transfusión. No me lo permitieron por ser lesbiana y ella murió”, relató Eliza. Para la coordinadora de Cattrachas, Indyra Mendoza, el acuerdo de 1999, reformado en 2024, ya estaba desfasado.
“La normativa está totalmente desfasada”, dijo Mendoza en 2020, refiriéndose a los casos de población LGBTI que dona sangre en el país.
Eliza no conocía esa normativa, por lo cual se presentó a la Cruz Roja y dijo que tenía relaciones sexuales con otra mujer.
Quienes la atendieron le dijeron que era imposible que donara sangre, argumentando que no tenía el peso adecuado para ser donante.
“Pocos días antes de morir, Marcela se había puesto peor”, relató.
Marcela necesitaba con urgencia más plaquetas para continuar luchando contra la leucemia, por lo cual Eliza se dirigió al centro de donación. Se alegró porque cumplía los requisitos, pero esa vez no argumentaron que estaba demasiado delgada.
“Usted no puede donar. Ya sabe por qué”, dijeron. Después de dar rodeos, agregaron que no podía hacerlo porque tenía relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo.
Tras un año de quimioterapias y otros duros tratamientos, había sido testigo del desgaste y la agonía de Marcela, pero una ley discriminatoria le impidió ayudar a la persona que amaba.
“No es por discriminación”, le dijo el enfermero, “ustedes no me dan asco”. Eliza no necesitaba más explicaciones porque estaba segura de que la estaban discriminando.
Marcela murió el 21 de julio de 2020.
Vea aquí un video relacionado con el tema.
En Espanol
Activista trans denuncia al Estado salvadoreño ante la CIDH
Karla Guevara dice el país ha violado sus derechos
Karla Guevara, una reconocida activista por los derechos de las personas trans en El Salvador, comunicó su denuncia ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
En su petición presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicita que se declare la responsabilidad internacional del Estado salvadoreño por violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará. La activista señala que estas vulneraciones han ocurrido en perjuicio de su persona, particularmente en el marco de su lucha por el reconocimiento de su identidad de género.
Desde 2019, Guevara ha enfrentado un complejo y prolongado proceso judicial para obtener el cambio de nombre y género en sus documentos oficiales, debido a la inexistencia de una ley de identidad de género en El Salvador. Actualmente, las personas trans solo pueden recurrir a los juzgados de familia para solicitar dicho reconocimiento, un camino que, como señala la activista, está plagado de obstáculos y re-victimización.
“Como la primera mujer trans en El Salvador en acceder a cambiar de nombre y género en mis documentos de identidad, he luchado desde mi activismo por una Ley de Identidad de Género”, expresó Guevara en una entrevista con Washington Blade.
El proceso iniciado en el Juzgado Primero de Familia de San Salvador en diciembre de 2019 fue inicialmente declarado improponible en enero de 2020. Sin embargo, tras apelar dos veces a la Cámara de Familia, Guevara obtuvo una sentencia favorable en agosto de 2022. La resolución ordenaba el cambio de nombre y género en sus documentos de identidad y la marginación de su partida de nacimiento, pero la Alcaldía Municipal de San Salvador interpuso un amparo que ha impedido la ejecución de esta decisión durante los últimos dos años, alargando a cinco años su búsqueda de reconocimiento oficial.
Tratos discriminatorios y violencia psicológica
Durante este extenso proceso, Guevara denunció ser víctima de tratos discriminatorios y revictimizantes que han afectado su salud mental y vulnerado su integridad personal. Entre estos tratos destacan la patologización y genitalización de su identidad, el escrutinio judicial e inspección física de su cuerpo y el escepticismo constante de las autoridades sobre su femineidad y motivaciones.
“El Estado salvadoreño ha impedido y sigue impidiendo que mi persona cuente con documentos de identidad acordes con mi identidad de género, pese a que existe una sentencia firme que me reconoce este derecho”, declaró Guevara.
Estas experiencias, según la denuncia, constituyen violaciones a su integridad psíquica y violencia psicológica según la Convención de Belém do Pará. Además, Guevara argumenta que el Estado salvadoreño ha vulnerado derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana, como la integridad personal, la protección de la vida privada, la libertad personal, la igualdad ante la ley y las garantías judiciales, entre otros.
Acompañamiento de organizaciones sociales
La denuncia de Guevara cuenta con el respaldo de organizaciones como la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y Synergia, quienes han apoyado su caso ante la CIDH. Estas organizaciones destacan que la falta de una Ley de Identidad de Género en El Salvador perpetúa la discriminación estructural hacia las personas trans. Además, recalcan la importancia de visibilizar casos como el de Guevara para impulsar reformas legales que garanticen el reconocimiento y la protección de los derechos de la población LGBTQ.
“Consideramos que llevar el caso a esta instancia, es la forma más eficiente y efectiva para tener este reconocimiento de las violaciones que el Estado de El Salvador cometió hacia Karla”, expresó Mirta Moragas de Synergía – IHR – Initiatives for Human Rights.
Para Alejandra Burgos de Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, es importante mostrar el apoyo a Guevara desde la Red Feminista.
“También mostramos nuestro apoyo con todas las personas trans que no tienen acceso a ser reconocidas con su nombre en este país”, agregó.
Ambas organizaciones reconocen la valentía de Guevara, como también la de muchas organizaciones en El Salvador, que han luchado contra la impunidad ante los crímenes de odio en el país.
Impacto del discurso de odio en El Salvador
El contexto nacional en materia de derechos de la población LGBTQ es preocupante, con un aumento de discursos de odio promovidos por funcionarios públicos, incluyendo al presidente, así como diputados y otras figuras políticas. Este clima hostil, según varios activistas de El Salvador, ha generado retrocesos significativos en materia de derechos humanos. Aseguran que estos discursos no solo perpetúan la violencia y la discriminación, sino que también afectan la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones internacionales.
El caso de Guevara se suma a una creciente lista de denuncias contra el Estado salvadoreño por violaciones a los derechos humanos de la población LGBTQ. Organismos internacionales, como la CIDH, están llamados a evaluar esta denuncia y emitir recomendaciones que impulsen cambios estructurales en el país.
Colectivo Alejandría y otras organizaciones han instado a la comunidad internacional a presionar al gobierno salvadoreño para que adopte medidas concretas que garanticen el reconocimiento de los derechos de las personas trans, porque las evidencias de un mal proceder son claras.
“Este es un ejemplo claro de todos los desacatos del Estado salvadoreño, con órdenes judiciales estrictas y específicas”, expresa Aranza Santos de Colectivo Alejandría.
Un camino hacia la justicia
El proceso de Guevara es un recordatorio de la urgente necesidad de una legislación inclusiva en El Salvador. Su lucha es un símbolo de resistencia y esperanza para la población trans, que enfrenta diariamente barreras legales y sociales para vivir con dignidad. Con el apoyo de organizaciones diversas organizaciones que luchas por los derechos de la población LGBTQ, Guevara continúa su batalla no solo por su reconocimiento personal, sino por el derecho de toda una comunidad a ser vista, escuchada y respetada.
En un contexto marcado por retrocesos en derechos humanos, el caso de Guevara resalta la importancia de construir un país más inclusivo y justo, donde todas las personas puedan vivir libres de violencia y discriminación.
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Estudiantes de la Universidad de El Salvador reclaman respeto para la comunidad LGBTQ+
23.7 por ciento de estudiantes queer de la UES han experimentado discriminación
A finales de octubre en la Universidad de El Salvador, AMATE El Salvador llevó a cabo un foro que buscaba marcar un hito en la historia de la única institución pública de educación superior en el país. Este espacio, orientado hacia la inclusión de la diversidad sexual y de género, presentó una propuesta que podría transformar el ambiente académico, eliminando barreras de discriminación y promoviendo una convivencia más justa.
El foro: “Hacia una universidad más inclusiva: Propuestas para la inclusión LGBTI+ en la UES”, tuvo como base un estudio realizado por AMATE El Salvador en 2023, titulado “Orgullo en la UES: Desafíos para la inclusión LGBT+ en la Universidad de El Salvador”. Según los hallazgos, el 23.7 por ciento de los estudiantes LGBTQ+ de la UES han experimentado algún tipo de discriminación. Lo preocupante es que el 72.2 por ciento de estos casos señalan a los docentes como principales perpetradores, seguidos por compañeros de estudio y personal administrativo.
Este panorama refleja una problemática sistémica que trasciende las aulas y afecta a toda la comunidad universitaria.
“Los estudiantes LGBT+ no se sienten seguros en la universidad. Creen que construir una política de inclusión sería un paso hacia la transformación”, expresó Gonzalo Montano, sociólogo y miembro de la Fundación AMATE, en una entrevista con el Washington Blade.
Otro dato relevante del estudio muestra que el 63.9 por ciento de los encuestados reportaron haber escuchado a docentes utilizar argumentos religiosos para atacar a personas de la diversidad sexual en clases. Este dato pone de manifiesto cómo las creencias personales pueden interferir en el respeto a los derechos humanos en un espacio que debería ser neutral e inclusivo.
La propuesta de AMATE El Salvador
La propuesta presentada en el foro se fundamenta en un trabajo de investigación con datos cualitativos y cuantitativos, recolectados mediante entrevistas y encuestas a estudiantes, docentes y personal administrativo de la UES.
“Es un esfuerzo construido desde las experiencias y necesidades de la comunidad universitaria”, explicó Idalia Zepeda, consultora de AMATE.
La propuesta plantea crear espacios para denunciar y atender casos de discriminación y violencia, además de prevenir crímenes de odio. También busca cambios administrativos que incluyan sensibilización y talleres formativos en temas de diversidad sexual.
“Esto ayudaría a naturalizar investigaciones sobre derechos e inclusión en el ámbito académico”, añadió Zepeda.
El desafío de implementar esta política de inclusión en la UES no puede entenderse sin considerar el contexto más amplio de El Salvador y la región.
“Hay un fuerte discurso en contra del reconocimiento de los derechos de grupos vulnerables, especialmente hacia mujeres y población LGBTI”, advirtió Montano.
Este discurso no solo proviene de sectores conservadores de la sociedad, sino también de funcionarios públicos y representantes gubernamentales, quienes han impulsado narrativas de odio y desinformación. Estas posturas afectan no solo a las comunidades LGBTQ+, sino también a la capacidad de instituciones como la UES para responder de manera inclusiva.
La respuesta de la UES: avances insuficientes
Aunque recientemente la UES cuenta con un reglamento contra la violencia de género, en el que incluye a la población LGBTQ+ como grupo vulnerable, esta medida es percibida por AMATE como un avance insuficiente.
“Un reglamento no sustituye la necesidad de una política clara y firme sobre inclusión”, enfatizó Montano.
Por ello, la organización hace un llamado a seguir dialogando con las autoridades universitarias, así como con estudiantes y docentes. Es crucial que la UES adopte una postura contundente frente a la discriminación, manteniendo su autonomía frente a posibles influencias del gobierno actual.
El rol del Centro de Estudios de Género y la proyección social
Durante el proceso de elaboración de la propuesta, el Centro de Estudios de Género de la UES jugó un papel clave. Esta unidad ha sido un espacio que ayudó a facilitar temas relacionados con la diversidad sexual y de género, ofreciendo talleres y formación para personal docente y personal administrativo.
La Dirección de Proyección Social también fue fundamental en la recolección de datos y contactos con autoridades de alto nivel. Estas alianzas internas reflejan que hay áreas dentro de la universidad comprometidas con la inclusión, aunque aún persisten resistencias significativas.
Impacto de los discursos religiosos y conservadores
Uno de los mayores desafíos que enfrenta la implementación de esta política es la influencia de valores tradicionales y discursos religiosos en el entorno universitario. Según AMATE, la falta de laicidad del Estado salvadoreño amplifica estos prejuicios.
“No se trata solo de desconocimiento, sino de una socialización de valores que dificultan la aceptación de la inclusión como un principio básico”, señaló Montano.
El foro concluyó con un llamado a la reflexión colectiva sobre el papel que debe desempeñar la UES en la promoción de los derechos humanos. AMATE enfatizó que la universidad tiene una responsabilidad ética de liderar este cambio, convirtiéndose en un espacio seguro para todos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
AMATE y otras organizaciones seguirán trabajando para que la UES no solo adopte la política de inclusión, sino que también implemente mecanismos concretos para garantizar su efectividad. La esperanza es que este esfuerzo inspire a otras instituciones académicas en el país y la región a seguir el mismo camino.
Este foro no solo fue un espacio de denuncia, sino también de esperanza. En un país donde los derechos de las personas LGBTQ+ son constantemente vulnerados, la lucha por la igualdad en la educación superior representa un rayo de luz que podría transformar realidades. La inclusión no es solo un valor, es una necesidad imperativa para el progreso social.
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Victoria de Trump provoca inquietudes en población LGBTQ+ en El Salvador
Hay temor sobre las posibles repercusiones en la vida de migrantes
SAN SALVADOR, El Salvador — Con la reelección de Donald Trump como presidente de EEUU, han surgido preocupaciones en El Salvador sobre las posibles repercusiones en la vida de miles de migrantes salvadoreños, en particular aquellos que forman parte de la comunidad LGBTQ+. El endurecimiento de las políticas migratorias y la postura conservadora de Trump en temas de derechos humanos y diversidad sexual durante su mandato anterior despiertan temores respecto a un incremento en las deportaciones y una reducción en los programas de cooperación internacional que promueven la inclusión y protección de los derechos de la población LGBTQ+ en El Salvador.
Esta incertidumbre también se extiende a otros ámbitos: los recortes de fondos para programas de desarrollo social y el posible cambio en las prioridades de cooperación de EEUU, que podrían afectar directamente la asistencia y apoyo en temas de derechos humanos, un área donde el país norteamericano ha jugado un rol importante en El Salvador. Líderes de organizaciones de derechos humanos, activistas y ciudadanos salvadoreños están a la expectativa de cómo el gobierno del presidente Nayib Bukele reaccionará ante estos cambios y adaptará sus políticas para no poner en riesgo la cooperación internacional que sostiene programas esenciales para las poblaciones más vulnerables del país.
La situación de los migrantes LGBTQ+: entre el temor y la vulnerabilidad
Uno de los sectores más afectados por el endurecimiento de políticas migratorias durante la administración de Trump en 2016 fue el de los migrantes centroamericanos, incluyendo un importante número de salvadoreños que buscan llegar a EEUU huyendo de la violencia y discriminación por su orientación sexual o identidad de género. En El Salvador, la población LGBTQ+ enfrenta serios riesgos y discriminación en diversas áreas de la vida cotidiana, desde el ámbito laboral hasta la convivencia comunitaria, lo cual ha impulsado a muchos a buscar una nueva vida en el exterior.
Con la reelección de Trump, quien en su primer mandato impulsó la detención y deportación de migrantes indocumentados, el futuro para aquellos salvadoreños que pertenecen a la comunidad LGBTQ+ parece incierto. De acuerdo con datos recolectados por Mixed Migration Center (2024) de México, el 62 por ciento de las personas LGBTQ+ encuestadas que realizaron transito migratorio hacia EEUU, provenía del Triángulo Norte de Centroamérica es decir Guatemala, El Salvador y Honduras.
En 2018 también se registró un alto porcentaje de población LGBTQ+ migrante, huyeron de su país debido a la persecución que sufrían en sus comunidades. La política de “tolerancia cero” de Trump se tradujo en un aumento en las deportaciones y, para los migrantes LGBTQ+, significó regresar a una realidad marcada por la exclusión y el temor de sufrir ataques.
Esto sin olvidar los procesos de visado y renovación de visa, a los cuales pueden enfrentarse en una proximidad activistas y personas LGBTQ+ en general, ante ello Mónica Hernández de ASPIDH Arcoiris Trans, muestra su inquietud.
“Trump ha mostrado en el pasado un enfoque más estricto respecto a la migración, lo cual podría endurecer los requisitos para visas y renovaciones, sobre todo en temas como la inmigración legal y programas como el TPS. Esto podría afectar también a la comunidad LGBTIQ+ y activistas, ya que su administración ha adoptado posturas conservadoras que no necesariamente priorizan la protección de estos grupos vulnerables”, menciona Hernández. “Aunque aún no es seguro, muchos temen que bajo su liderazgo se incremente el escrutinio y se limiten las oportunidades para obtener o renovar visas”.
Otros activistas, mencionaron que el temor se extiende también a las familias de migrantes LGBTQ+, que dependen de las remesas que envían desde EEUU para subsistir y enfrentar sus propios retos en El Salvador. Muchos mencionaron que el gobierno de Bukele debe considerar establecer políticas de respaldo para estas familias y facilitar su acceso a programas de ayuda si el panorama se complica.
Cooperación en derechos humanos en riesgo: el impacto en las organizaciones LGBTQ+
Más allá de las implicaciones migratorias, la reelección de Trump podría afectar la cooperación internacional que sostiene programas de derechos humanos en El Salvador, incluyendo aquellos que apoyan a la población LGBTQ+.
Durante su primer mandato, Trump recortó fondos para organizaciones internacionales que abogan por los derechos de género y diversidad sexual. Según informes de Human Rights Watch, los EEUU bajo Trump se retiraron de varias iniciativas de apoyo a organizaciones internacionales que velan por la seguridad y derechos de poblaciones LGBTQ+ en América Latina.
EEUU ha sido un socio clave en la cooperación para la defensa de derechos humanos en El Salvador, proporcionando apoyo a diversas organizaciones locales y proyectos que promueven la inclusión y la no discriminación. Sin embargo, la continuación de estos programas está en duda, lo cual genera inquietud entre activistas salvadoreños y analistas políticos.
“Esa primera conversación que tiene el presidente Nayib con Trump, diciendo que dejen de estar apadrinando a través de USAID y otras agencias, a las ONGs acá en El Salvador”, Bessy Ríos, directora de De la Mano Contigo, de familiares y amigos de personas LGBTQ+, señaló. “Creo que eso sí, va a tomar cartas en eso y es probable que veamos una reducción en la cooperación. A lo mejor no rápido, pero si de una manera pausada en los próximos cuatro años”.
Para muchos activistas, el ideal sería que el gobierno salvadoreño asumiera un papel más proactivo y proteger los programas en curso mediante acuerdos bilaterales de cooperación en derechos humanos. Esto sería un paso importante, pero en el imaginario que tiene el gobierno actual en que el trabajo de las ONGs solo buscan desestabilizar sus acciones, el apoyo a las mismas es algo que se ve muy lejos.
La postura de Bukele: entre la diplomacia y la necesidad de cooperación
Hasta el momento, Bukele ha mantenido una postura diplomática respecto al triunfo de Trump.
“Felicitaciones al presidente electo de los Estados Unidos de América, @realDonaldTrump”, mencionó Bukele de una manera sencilla en su cuenta de X, agregando: “Que Dios le bendiga y lo guíe”.
Para ambos mandatarios sería su segundo mandato en un país, y con respecto a la relación entre ambas naciones, muchos analistas políticos mencionan que el futuro de esta relación dependerá que la nación salvadoreña no se oponga al plan del presidente electo estadounidense sobre migración.
El analista político salvadoreño Luis Aguilar comenta que la postura de Bukele podría estar motivada por su deseo de mantener el flujo de cooperación económica de EEUU hacia El Salvador.
“Es comprensible que el presidente quiera mantener una buena relación con Trump, pues en este momento la economía salvadoreña depende en gran medida de las remesas y de la cooperación internacional. Sin embargo, no puede ignorar que existen sectores vulnerables que dependen de la ayuda internacional en temas de derechos humanos y que están preocupados por el impacto que estos cambios puedan tener en sus vidas”, explica Aguilar.
“El gobierno salvadoreño y la administración Trump probablemente tengan intereses en común en temas de seguridad y control migratorio”, expresa Hernández. “Sin embargo, puede ser una relación desafiante en términos de derechos humanos, dado que la agenda conservadora de Trump podría alinearse solo parcialmente con las prioridades del gobierno salvadoreño. Sectores de defensa y seguridad pueden beneficiarse, pero las áreas de derechos humanos, democracia y apoyo a minorías podrían no ser prioridad para ambas administraciones, lo que podría limitar la colaboración en esos ámbitos”.
Bukele ha expresado su intención de priorizar la creación de empleo y mantener la seguridad en su administración. Sin embargo, no ha abordado en profundidad las implicaciones que la administración de Trump podría tener poblaciones vulnerables como LGBTQ+ o los migrantes. Aunque ha dejado clara su falta de interés a tocar temas que tengan que ver con personas de orientación e identidad de género diversa. Varios líderes de la sociedad civil se mantienen atentos a que el presidente se pronuncie y demuestre su compromiso al menos en temas que tengan que ver con la migración, que afecta mucho sector de la población salvadoreña.
¿Qué sigue para los derechos LGBTQ+ en El Salvador?
La reelección de Trump y la posible disminución en la cooperación internacional para temas de derechos humanos representan un desafío para la comunidad LGBTQ+ en El Salvador. Activistas y organizaciones locales temen que, sin el apoyo de EEUU, se reduzcan los recursos para programas educativos, de salud y empleo que ayudan a mejorar las condiciones de vida de las personas LGBTQ+ en el país.
Además, algunos expertos advierten que el contexto político actual podría incentivar a ciertos sectores de la sociedad salvadoreña a ser menos tolerantes hacia las poblaciones minoritarias, debido a la falta de un respaldo internacional claro en temas de inclusión y derechos humanos. Esto representa un riesgo para los avances logrados en los últimos años, que aún son frágiles y se ven amenazados por la discriminación y la falta de políticas públicas específicas.
“Las organizaciones de sociedad civil debemos mantenernos vigentes y en constante denuncia, informar cualquier irregularidad que esté ocurriendo tanto con nuestra población en el país, como con población LGBTQ+ que tenemos en Estados Unidos”, menciona Ríos.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, sería vital que las organizaciones internacionales continúen ejerciendo presión para que EEUU mantenga su compromiso con el apoyo a programas en América Latina, especialmente aquellos que abordan la discriminación y violencia contra la población LGBTQ+.
El triunfo de Trump ha generado incertidumbre en El Salvador, donde tanto migrantes LGBTQ+ como defensores de los derechos humanos temen que las políticas migratorias y de cooperación se endurezcan. La situación de los salvadoreños que buscan asilo en Estados Unidos por razones de discriminación de género o violencia se enfrenta a nuevos desafíos, y la comunidad LGBTQ+ en El Salvador observa con inquietud el posible recorte de fondos y recursos para programas esenciales.
De acuerdo con organizaciones de sociedad civil salvadoreña, muchos de sus contactos de personas LGBTQ+ con estatus irregular en el país norteamericano, “temen ser deportadas porque nunca arreglaron papeles”, lo que ha puesto a agilizar los trabajos para obtener asilo o refugio antes que Trump regrese al poder.
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Radicado por 3ra vez en Congreso de Colombia proyecto de ley que prohíbe las prácticas de ‘conversion’
La representante Carolina Giraldo se presentó el propósito
Por tercera ocasión, el Congreso colombiano estudiará un proyecto de ley que busca prohibir las denominadas prácticas de conversión en Colombia conocidas como los ECOSIG, o Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género, que son “herramientas” de diferente tipo (sesiones psicologías, psiquiatría, religiosas, etc.) para “corregir” la orientación sexual mediante maltrato y confusión a las personas.
El trámite legislativo ha fracasado en las dos legislaturas anteriores al no obtener los apoyos suficientes en las cuatro rondas de discusión exigidas para convertirse en ley de la República.
Este proyecto presentado por la representante Carolina Giraldo ante la Cámara de Representantes tiene como objetivo proteger la dignidad humana y garantizar la autonomía de todas las personas en cuanto a su orientación sexual, identidad y expresión de género.
Prohibir estas prácticas de maltrato representa un paso crucial en la lucha por erradicar la violencia contra la diversidad sexual y de género, promoviendo un país más inclusivo y respetuoso de los derechos humanos. Es una iniciativa que busca proteger la identidad sexual de cada persona, ya sea heterosexual o parte de la comunidad LGBTQ, para evitar que alguien en Colombia sufra por la imposición de una orientación sexual o identidad de género que no le corresponde.
La propuesta ha sido respaldada por varios parlamentarios y organizaciones defensoras de los derechos humanos, como la Fundación Sergio Urrego, la Cámara de la Diversidad, Colombia Diversa y Caribe Afirmativo. Además, cuenta con el apoyo de valientes sobrevivientes de los ECOSIG que han decidido transformar su dolor en esperanza, levantar su voz y unirse a la causa para evitar que más personas sufran los efectos devastadores de estas prácticas inhumanas.
El proyecto de ley pone énfasis en prevenir y prohibir estas intervenciones forzadas, mal llamadas “terapias de conversión”, que intentan cambiar la orientación sexual o identidad de género de las personas, bajo el pretexto de “curar” algo que no es una enfermedad.
Según la OMS, las orientaciones sexuales e identidades de género no son patologías, y cualquier intento de “curación” constituye una violación a los derechos humanos fundamentales.
La iniciativa refuerza la protección a las personas de ser sometidas a estas prácticas de conversión con la creación de un delito autónomo.
“Trabajamos junto a sobrevivientes y sus familias para detener estas prácticas en Colombia y evitar más sufrimiento”, señaló Giraldo.
Hay que aclarar que el proyecto no aborda temas relacionados con procesos de hormonización o reafirmación de género, que son decisiones personales y asistidas por profesionales médicos, sino que se enfoca exclusivamente en la prohibición de las prácticas coercitivas de conversión.
La campaña de apoyo a esta iniciativa ha tomado fuerza en redes sociales con los hashtags #QuiéreleSiempre y #NadaQueCurar, mensajes dirigidos a las familias de personas con identidades sexuales diversas, alentándolas a que brinden su apoyo incondicional y amor a sus seres queridos.
Nota editorial: “Desde OrgulloLGBT.co acompañamos como siempre el proceso legislativo de este proyecto hasta que sea materializado como una ley en el país, con la esperanza de que Colombia se convierta en un referente de respeto hacia la diversidad sexual y de género.” Ricardo Montenegro, director
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Impunidad y violencia contra las poblaciones LGBTQ en Honduras: el caso de Erlin Blandín
Joven gay murió de tres balazos el 14 de julio
TEGUCIGALPA, Honduras — Un desgarrador testimonio sobre los datos actualizados de la violencia contra la comunidad LGBTQ ofreció Nahíl Zerón, colaborador en Red Lésbica Cattrachas, en una reciente entrevista. Zerón subrayó las alarmantes cifras de asesinatos y la dificultad en la búsqueda de justicia.
El entrevistado inició explicando el meticuloso proceso de registro de la violencia contra personas LGBTQ. “Nos dedicamos a recolectar datos y analizar patrones de muerte por orientación sexual e identidad de género”, dijo.
Zerón trabaja para una de las organizaciones que han revelado una cruda realidad: desde 2017 a julio de 2024 se registran 263 muertes violentas de personas LGBTQ y cuatro personas diversas desaparecidas.
Además, de los 45 casos judicializados, sólo 11 tienen sentencia condenatoria.
Para realizar el registro de la violencia contra las poblaciones LGBTQ se toman en cuenta detalles como el tipo de arma utilizada y el modus operandi. Asimismo, se registra la ubicación de las heridas en el cuerpo de la víctima, el rango de edad y la ocupación de las personas asesinadas.
Lo amenazaron e incendiaron su casa
Entre los casos de violencia contra las poblaciones LGBTQ se encuentra uno particularmente representativo: el de Erlin Asbiel Blandín Álvarez, de 34 años de edad. El joven gay pasante de la carrera de Periodismo en la UNAH murió de tres balazos. Su caso ilustra cómo múltiples factores de riesgo pueden confluir en una tragedia.
Blandín denunció haber recibido amenazas de Franklin Eduardo Alvarado Medina. Interpuso una denuncia por amenaza y extorsión. Además, aseguró que Alvarado incendió su casa. Blandín les comentó a sus compañeros de universidad que Franklin Alvarado quedó en libertad. Según Nahíl Zerón, “no podemos decir que esto tenga vinculación, pero sí confirmamos que él había expresado esa preocupación”.
La impunidad es alarmante
Blandín no sólo era un periodista comprometido con su labor. También era un activista cercano a las comunidades más vulnerables. Cuando lo asesinaron el 14 de julio de 2024, en Laureles, departamento de Olancho, estaba temporalmente en esa comunidad debido a su trabajo de investigación. Su residencia oficial estaba en Tegucigalpa.
Los informes indican que recibió un balazos en la parte izquierda del tórax, otro en la clavícula izquierda y el último en la espalda. Además se reportó que los atacantes se desplazaban en una motocicleta, lo cual sugiere que el ataque fue premeditado.
La impunidad en casos como el de Blandín es alarmante. Nahíl Zerón mencionó que incluso cuando uno de los casos recibe una condena, no se reconoce la violencia motivada por orientación sexual o identidad de género. Esta situación refleja una grave falla en el sistema judicial hondureño que a menudo generaliza los homicidios sin considerar los prejuicios específicos que los motivan.
Según Zerón, 2023 fue el año más violento para personas LGBTQ en Honduras desde 1994, con un total de 52 asesinatos registrados. Este aumento en la violencia genera un ambiente de miedo y desconfianza en las autoridades. Las personas LGBTQ sienten que sus vidas no son valoradas ni protegidas por el Estado. Eso las obliga a vivir constantemente con el temor de ser las próximas víctimas.
Es imperativo que las autoridades hondureñas y la sociedad tomen medidas concretas para proteger a esta comunidad y garantizar que los crímenes de odio no queden impunes. La vida y la dignidad de las personas LGBTQ merecen ser respetadas y defendidas. Es responsabilidad de todos trabajar por un futuro más justo e inclusivo.
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Avanza la inclusión de poblaciones LGBTQ en Honduras
Se inauguró el Centro de Día de Somos CDC el 19 de julio
TEGUCIGALPA, Honduras — Facilitar un espacio para la población LGBTQ, personas con VIH y originarias es el principal objetivo del Centro de Día, inaugurado el 19 de julio pasado por el Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTIQ+ (Somos CDC). El Centro aspira a convertirse en un lugar para la inclusión de poblaciones vulnerabilizadas.
Por medio del Centro de Día, Somos CDC busca facilitar el acceso a un espacio que permita a las poblaciones vulnerabilizadas realizar reuniones, podcasts, entrevistas o actividades físicas.
Un lugar físico accesible
Somos CDC impulsa el Centro de Día para responder a la necesidad de un lugar para la inclusión de poblaciones en el que tengan acceso a un entorno abierto.
Esta iniciativa complementa el trabajo de fortalecimiento de las organizaciones mediante un lugar físico donde llevar a cabo actividades sin altos costos de alquiler que a menudo impiden realizarlas.
El Centro de Día cuenta con una sala de reuniones equipada con aire acondicionado, televisor, sillas y servicio de internet. Este espacio para la inclusión de poblaciones vulnerabilizadas tiene también un estudio donde se podrá realizar cualquier contenido multimedia, espacio para entrevistas, podcasts, campañas, etcétera.
Además de reducir las barreras económicas, el Centro se propone como un espacio gratuito para que las organizaciones enfoquen sus recursos en la implementación de sus programas. En colaboración con entidades como Médicos del Mundo, ofrece servicios médicos especializados y apoyo psicológico, social y cultural.
El horario de funcionamiento del Centro de Día es de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Sus instalaciones están disponibles de manera gratuita para organizaciones y grupos que deseen realizar actividades. Las reservas deben coordinarse para asegurar la disponibilidad y el buen desarrollo de las mismas.
El objetivo a largo plazo es replicar este modelo en otras ciudades, ampliando el alcance y los beneficios del Centro. Por ahora, la comunidad está invitada a utilizar y promover este espacio, fomentando una verdadera inclusión y colaboración.
CDC, a un click
Somos CDC también cuenta con su página web, donde proporciona información detallada sobre su funcionamiento y actividades. Según uno de los representantes, diseñaron la web para ofrecer acceso a recursos y permitir a las personas obtener información sobre los servicios disponibles.
El portal ofrece una introducción a las actividades del centro, incluyendo programas de participación en ciencia política, acceso a la justicia y desarrollo económico, así como programas de comunicaciones para el cambio cultural. En las redes sociales como Instagram y YouTube se presentan actividades y contenidos educativos y de sensibilización.
Además, la web incluye un formulario para consultas y sugerencias que ofrece un canal directo de comunicación con el equipo del Centro. También se proporciona información sobre la misión, visión y metodología de trabajo del centro, así como detalles sobre los valores organizacionales y la estructura del equipo.
Un aspecto importante del portal es la inclusión de sistemas de cuentas y estadística, que registran datos relevantes sobre la población vulnerable. Estos sistemas permiten un seguimiento detallado de temas como la migración, la violencia contra la población LGBTQ y los crímenes de odio.
En resumen, CDC no sólo se posiciona como un lugar físico de apoyo e inclusión. Es también un recurso digital integral que facilita la participación y el acceso a la información para todos los interesados.
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Corte Constitucional de Ecuador insiste a Asamblea que apruebe ley sobre reproducción asistida
Legisladores no han cumplido con una sentencia de 2018
La Corte Constitucional nuevamente señaló a la Asamblea por incumplir con una sentencia en un caso relacionado a derechos de personas LGBTQ. En esta ocasión, en un fallo del 6 de junio de 2024, llamó la atención al Legislativo por no cumplir con el plazo dispuesto para regular los procedimientos médicos de reproducción asistida.
Estos métodos, generalmente usados por parejas con problemas de fertilidad o que no pueden concebir naturalmente, no están contemplados en la legislación ecuatoriana y son una opción para parejas de mujeres lesbianas que deciden procrear.
En mayo de 2018, la Corte Constitucional falló a favor del caso Satya. En la sentencia de ese año, ordenó al Registro Civil la inscripción de Satya como hija de Nicola Susan Rothon y Helen Bicknell. La niña fue concebida por reproducción asistida.
El Registro Civil se había negado a inscribir a Satya con doble filiación materna. Nicola y Helen iniciaron una lucha de casi 6 años para que el Estado reconozca la identidad de su hija.
En ese fallo de 2018, la Corte Constitucional declaró que se vulneraron derechos como identidad, igualdad y no discriminación, y familia en sus diversos tipos.
Además, dispuso a la Asamblea que hasta junio de 2019 “adopte las disposiciones legales necesarias para regular los procedimientos médicos de reproducción asistida”. Sin embargo, hasta la fecha el Legislativo no ha cumplido con esa disposición.
La Asamblea alegó a la Corte Constitucional que había aprobado los métodos de reproducción asistida en el Código Orgánico de la Salud en 2020, pero fue vetado totalmente por el expresidente Lenín Moreno. Aún así, desde el veto ha transcurrido más de un año para que el Legislativo pueda retomar el tratamiento de este tema y no lo volvió a hacer.
Por ese incumplimiento, la Corte dictó la sentencia del 6 de junio de 2024 en que llama la atención a la Asamblea, pero también ordenó a la Defensoría del Pueblo que, en un plazo de tres meses, elabore un proyecto de ley que regule los procedimientos de reproducción asistida. Este proyecto debe ser tramitado, debatido y aprobado de manera prioritaria por la Asamblea en un plazo máximo de 10 meses.
Esta sentencia fue notificada el 26 de junio de 2024. Por ello, hasta finales de julio de 2025, debería estar aprobada la ley.
Corte también se pronuncia por otra demora
La Corte Constitucional emitió este nuevo fallo tras analizar dos demandas de acción de incumplimiento de dos sentencias del organismo: caso Satya (2018) y caso Bruno Paolo Calderón (2017).
En este último, la Corte ordenó en mayo de 2017 a la Asamblea reformar la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles para permitir a las personas transexuales cambiar en la cédula de identidad el campo de sexo; si bien la norma pemitía reemplazar sexo por género, se creó dos sistemas de cedulación. Sin embargo, la Asamblea tardó más de seis años en cumplir con la sentencia.
Por esta demora, la Corte también llamó la atención al Legislativo en la reciente sentencia, pero en mayo de 2022 ya lo había hecho en otro fallo en que dio un ultimátum.
Una de las acciones de incumplimiento que la Corte analizó para la reciente sentencia fue presentada por la Asociación Silueta X en diciembre de 2021.
Sentencia de la corte constitucional 66-18-IS/24 reafirma #SexoEnLaCedula para personas Trans y permitirá avanzar en el proyecto de ley para Reproducción Asistida para LGBT+ (Parejas del mismo Sexo). Un avance importantísimo para nuestras poblaciones en Ecuador.
Sentencia… pic.twitter.com/duUjD9AO3h
— DIANE RODRIGUEZ (@DianeRodriguezZ) July 8, 2024
Diane Rodríguez, presidenta de la organización, destacó en sus redes sociales el fallo de la Corte y habló incluso de un proyecto conjunto entre Silueta X y la Defensoría del Pueblo, pero la sentencia solamente otorgó esta atribución a este último organismo en coordinación con el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional.
Sumilla: 47 inscripciones de progenitoras
Tras la sentencia del caso Satya, el Registro Civil ha realizado 47 inscripciones de nacimiento solicitadas por progenitoras del mismo sexo.
Estas inscripciones se registraron desde julio de 2018 hasta junio de 2024, según información proporcionada por la institución a este medio de comunicación.
Edición Cientonce también consultó por la inscripción de hijxs de parejas conformadas por hombres, pero el Registro Civil señaló que, conforme a la sentencia del caso Satya, realiza la inscripción de nacimiento en caso de progenitoras del mismo sexo por reproducción asistida.
“En cuanto a la inscripción de nacimiento de dos progenitores, la normativa vigente no habilita este tipo de casos”, indica la institución en la información enviada.
Sin embargo, la sentencia del caso Satya señaló también que el Registro Civil no podía alegar en las inscripciones de nacimiento la falta de ley para reconocer la doble filiación paterna o materna, y los diversos tipos de familia.
Pese a esta regla jurisprudencial que emitió la Corte en la sentencia, ha habido casos como el de Denise y María, quienes por dos años no pudieron registrar a su hija Raphaella con doble filiación materna. Ellas la concibieron por inseminación casera y tuvieron que recurrir a la justicia para lograr la inscripción.
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Unas 24 mil personas participan en marcha del orgullo en la capital salvadoreña
Evento anual es un símbolo de resistencia y esperanza
SAN SALVADOR, El Salvador — El 29 de junio, aproximadamente 24.000 personas se reunieron en la capital de El Salvador para participar en la marcha del orgullo LGBTQ, según datos compartidos por El Salvador G. A pesar de la persistente lluvia, el evento se desarrolló sin contratiempos, mostrando la determinación y el espíritu de la población LGBTQ y sus aliados.
La marcha no solo fue una celebración de la identidad y la diversidad, sino también un acto de protesta contra las políticas y acciones del gobierno que han afectado negativamente a la población LGBTQ. El Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, en sus declaraciones, señaló los múltiples desafíos que enfrentan.
“El escenario al cual nos enfrentamos es complicado no solo para nosotres, sino también para todos los ámbitos de la movilización social. Como Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, reconocemos los retrocesos que han marcado los últimos cinco años”, declara el colectivo.
Entre los retrocesos mencionados están la disolución de la Dirección de Diversidad Sexual, la derogación del decreto ejecutivo 56 que prohibía la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y la exclusión de la atención en salud pública y educación. Además, han sido archivadas propuestas legislativas clave como la Ley de Identidad de Género y la Ley por la Igualdad y No Discriminación. Estos eventos, junto con una reelección presidencial que consideran ilegítima, representan, según el movimiento, “el fin de 32 años de una democracia, que, aunque débil y homo, trans y cuirfóbica, no empujaba a sus detractores al exilio y no afectaba, como hoy, el goce de todos los derechos de todas las poblaciones”.
La marcha también sirvió como un espacio para exigir el respeto y la garantía de sus derechos humanos, contando con el apoyo de movimientos feministas, estudiantiles y de juventudes. En sus consignas, también se hicieron eco de luchas internacionales, mostrando solidaridad con los pueblos de Palestina, Ucrania, Armenia, República del Congo, Sudán, Haití y otros territorios afectados por regímenes antidemocráticos.
“Marchamos hoy en solidaridad con los pueblos de Palestina, Ucrania, Armenia, República del Congo, Sudán, Haití y otros territorios donde regímenes antidemocráticos violentan los derechos humanos de sus poblaciones”, declararon los organizadores. “Desde el pueblo salvadoreño, nos identificamos con sus situaciones y compartimos su lucha por la justicia y la libertad”.
Escenarios adversos
El pasado mes, la obra de teatro “Inmoral”, que pudo presentarse en la Gran Sala del Teatro Nacional de El Salvador, fue cancelada por el Ministerio de Cultura, mismo que había aprobado con anterioridad dicha puesta en escena, generando una ola de críticas y preocupaciones sobre la censura y la libertad de expresión por parte de la población LGBTQ, contra otra tendencia de comentarios en apoyo a la acción del gobierno del presidente Nayib Bukele.
Días después, la situación se intensificó cuando alrededor de 300 empleados del Ministerio de Cultura fueron despedidos, con el gobierno argumentando que estos empleados promovían “agendas incompatibles” con la visión oficial.
A través de X, Bukele defendió la medida, afirmando que no solo se buscaba alinear las políticas ministeriales con la orientación gubernamental, sino que también se pretendía generar ahorros en los fondos públicos. Esta justificación no ha mitigado las críticas de diversos sectores que ven en estas acciones un intento de limitar la diversidad de pensamiento y expresión en el ámbito cultural.
En paralelo, en Costa Rica, el presidente Rodrigo Chaves destituyó a la ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, y al comisionado de Inclusión Social Ricardo Sossa. Esta decisión se produjo poco después de la polémica cancelación de la declaratoria de interés cultural para la Marcha de la Diversidad.
La situación de El Salvador ha resonado en foros internacionales; Ambar Alfaro, una activista independiente de la población LGBTQ, junto con una delegada del Colectivo Alejandría, asistió a la Asamblea General de la OEA 2024. Durante el evento, intentaron abordar al equipo acompañante de la canciller salvadoreña para discutir el futuro de las políticas gubernamentales hacia la población LGBTQ en El Salvador. Sin embargo, recibieron una respuesta negativa. Alfaro subrayó la contradicción en la disponibilidad del gobierno para reunirse con grupos pro-vida, incluyendo al controvertido Eduardo Verástegui, mientras evitaban el diálogo con representantes de la comunidad LGBTQ en dicha Asamblea.
Estas acciones han suscitado preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural, subrayando la necesidad de un debate más amplio y una supervisión más crítica de las políticas gubernamentales. La cancelación de la obra “Inmoral” y los despidos en El Salvador, junto con los eventos en Costa Rica, plantean serias interrogantes sobre la dirección de la política cultural en la región y el compromiso con la inclusión y la diversidad.
La lucha del movimiento LGBTQ sigue
La Marcha del Orgullo, según el movimiento, “es una expresión poderosa de resistencia y esperanza”. Agregaron que celebran sus victorias, lloran sus pérdidas y renuevan su compromiso con la lucha por la igualdad, “marchamos para crear un futuro en el que todas las personas podamos vivir libres de violencia y opresión, donde la dignidad y la solidaridad prevalezcan sobre el odio, la discriminación y la violencia”.
La multitud que participó en la marcha, incluyendo personas de todas las edades y procedencias, demostró la creciente aceptación y el apoyo a la comunidad LGBTQ en El Salvador. Las banderas arcoíris y de las diferentes expresiones de la diversidad sexual, los mensajes de amor y aceptación, y las expresiones artísticas en forma de música, danza, acróbata, entre otras, llenaron las calles, convirtiendo la marcha en una colorida celebración de la diversidad y una protesta llena de color.
El evento culminó en El Salvador del Mundo, con discursos y llamados a la acción por parte de líderes del movimiento, instando a todos los presentes a seguir luchando por una sociedad más justa e inclusiva. Les líderes y activistas recordaron la importancia de la solidaridad y la unión en tiempos difíciles, destacando que cada persona tiene un papel que desempeñar en la construcción de un futuro mejor para todos/as.
La marcha del orgullo LGBTQ de este año en El Salvador fue más que una celebración; fue una declaración contundente de resistencia contra la opresión y un llamado a la solidaridad internacional. En un contexto de retrocesos políticos y sociales, la población LGBTQ y sus aliados demostraron que, a pesar de las adversidades, la lucha por la igualdad y la justicia continúa.
Noticias en Español
Se hunde el proyecto de ley que buscaba prohibir las terapias de conversión en Colombia
La OMS en 1990 dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad
BOGOTÁ, Colombia — Por temas de trámite se hunde en la comisión primera del Senado el proyecto de ley que buscaba prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” en Colombia.
Los conocidos técnicamente como “ECOSIG” son los tratamientos que mediante tortura física o influencia psicológica o religiosa buscan “corregir” la orientación sexual e identidad de género de las personas diversas.
A pesar que estaba en el orden del día de 11 y 12 de junio en la comisión primera del Congreso de Colombia, los legisladores no abordaron la discusión dejando pendiente este punto que por términos de tiempo en trámites deberá volver a ser presentada. Se necesitaban dos debates más para lograr que se hiciera realidad el anhelo de una legislación que prohíba esas prácticas de tortura en el país.
Es importante recordar que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad, retirándola del libro de enfermedades psiquiátricas; por tanto ningún profesional de la salud física o mental debería prestarse para tratamientos que “corrijan” la homosexualidad.
NADA QUE CURAR No es terapia … es tortura!
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