Noticias en Español
Indocumentadas en Honduras: la realidad de las personas trans en el país (parte II)
Activistas hacen la diferencia en un entorno plagado de riesgos
SAN MANUEL/SAN PEDRO SULA, Honduras — “Nosotras no contamos con muchos servicios que son esenciales como mujeres trans”, recalca Angie Orellana. Uno de ellos es la salud, la cual es un derecho vital para cualquier ser humano. Desafortunadamente, los entes gubernamentales han segregado a la población trans, dejándola sin atención o discriminándola al brindarle este servicio.
Hasta este momento solo hay un protocolo desarrollado para brindar asistencia a las personas LGBTIQ+, la llamada Guía 06:2016, que socializa cómo “proveer servicios de salud libres de estigma y discriminación a personas trans e intersexuales trabajadores y trabajadoras sexuales, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas con VIH”.
Más allá de esta, las personas trans no tienen nada que las ampare y constantemente se ven enfrentadas a escenas de discriminación, humillación o negación de servicios por su género dentro de instituciones estatales. Cabe resaltar que en Honduras alrededor del 70 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza y en 2021 la pobreza extrema aumentó en un 44 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Sumado a esto, la casi imposible obtención de empleos bien remunerados debido a la discriminación por parte de una sociedad que las rechaza. Según el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe, las clasificaciones de empleo son las siguientes: trabajadoras sexuales, el 42 por ciento del total, el 34 por ciento son trabajadoras formales, el 5 por ciento son activistas y el 7 por ciento trabajadoras informales.
Al respecto, Angie señala que este escenario obliga a muchas personas trans a migrar de forma irregular a países como Estados Unidos, donde su expresión de género no es un impedimento para obtener un empleo digno, acceder a educación y un servicio de salud integral.
Forzadas a cambiar de vida
En Estados Unidos, se encuentra Aneiry Zapata, hondureña de 26 años de edad, refugiada desde hace siete, huyendo de la violencia y discriminación a la que estaba expuesta solo por su expresión de género.
La hija de padres indocumentados, actualmente se desempeña como activista de derechos humanos en BLMP en la coordinación del Comité Garífuna, brindando servicios a migrantes recién llegados al país anglosajón para que obtengan servicios de salud, refugio y alimentación luego de su travesía.
“Honduras me trató muy mal”, dice al continuar su relato con un semblante serio, un tono de voz seguro y con ojos totalmente expresivos. Comparte que aunque sabe que en algún momento tiene que volver a Honduras, no quiere.
Aneiry y Angie comparten la pasión por la educación. Antes de migrar, la activista se dedicaba a la docencia, sin embargo, aún los niños de los cuales era maestra la insultaban llamándola con pronombres masculinos y usando términos homofóbicos argumentando que sus padres la nombraban de esa manera.
Al consultarle acerca del cambio de nombre, Aneiry comenta que es una situación bastante frustrante dado a que fue capaz de cambiar su nombre en Estados Unidos, no obstante sabe que si regresa a Honduras esto no tendrá validez porque el cambio de nombre todavía no inicia por lo que la llamarán por su nombre muerto.
Mientras la activista relataba su travesía menciona que este año una asesora de la Secretaría de Desarrollo Social la contactó para decirle que deseaban que ella se convirtiera en la primera persona en el extranjero quien hiciera el proceso del cambio de nombre.
Agregando que si accedía debía de realizar una campaña en redes sociales mencionando el apoyo del Gobierno, por lo cuál se negó a participar, para no traicionar a las otras personas trans que han luchado y que continúan en el país.
El 27 de octubre del 2022 el subdirector nacional de Derechos Humanos y Litigios Internacionales, Olbin Mejía Cambar, informó que “el Registro Nacional de las Personas solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) la asistencia técnica para la adecuación de la normativa nacional” y que así se proceda con el cambio de nombre.
Según este “El Estado adoptará un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos de identidad, en los documentos de identidad y en los registros públicos”, pero no se tiene un tiempo estimado para la finalización de dicho proceso.
Con una historia similar, encontramos a Kendra Jordany, originaria de San Pedro Sula, activista de derechos humanos quién trabajó en pro de los derechos LGBTIQ+ con diferentes organizaciones no gubernamentales incluída Médico Sin Fronteras, donde manejaba temáticas de VIH y La clínica “Puertas Abiertas” para la atención de la población diversa.
Sin embargo, luego de finalizar su relación laboral con dicha organización, decidió emigrar para tener una mejor calidad de vida de la que lamentablemente no gozaría en Honduras. Por falta de oportunidades.
En junio de 2022, el Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas (PUICA) de la OEA, presentó un diagnóstico para identificar los principales retos para el cumplimiento de dicho punto. A partir de esto, el RNP con el apoyo de diferentes instituciones como CONADEH, la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y la PGR, están construyendo una propuesta de reformas para garantizar el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans en Honduras.
Un sistema de salud obsoleto
En Tegucigalpa, capital del país, reside el doctor y activista Dylan Duarte. A sus 32 años de edad, labora con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y se ha convertido en la primera persona trans en ser reconocida por el gobierno con su identidad y expresión de género en las identificaciones oficiales.
“Esos avances, por minúsculos que parezcan en un país con el contexto de Honduras, son algo”, dice. Con los rayos del sol reflejándose en su camisa blanca, procede a darnos su testimonio con semblante tranquilo y el tono de voz apacible que lo caracteriza.
En la Secretaría de Salud no existe un protocolo de atención integral en salud para personas LGBTIQ+, tampoco hay médicos especialistas en endocrinología que puedan trabajar la etapa de reemplazo hormonal.
“Hemos visitado a algunos, pero nos han cerrado las puertas. Influye muchísimo la religión y hacen uso de la ‘objeción de conciencia’ para no tratar a una persona. Al final, viene siendo una negligencia. Negar la salud a una persona, por su identidad de género, es violencia”, dice Duarte.
Según Dylan, la presidenta Xiomara Castro tiene una postura positiva en pro de las personas de la comunidad LGBTIQ+, “no significa que esto pase en todas las instituciones. Entonces debe existir un protocolo que nos obligue a sensibilizarlos y educarnos en diversidad sexual y que sea obligatorio para todas las personas que formamos parte del Estado, que somos funcionarios públicos como tal”.
”Yo soy una persona trans que buscó asistencia médica con cirujanos para poder realizarme una operación dentro del país. Recibí muchos rechazos con respecto a eso”, comenta Duarte.
Como el caso de Dylan, existen cientos de historias que evidencian la decadencia de un sistema saqueado y obsoleto. Muchas han sufrido malas experiencias durante sus citas médicas, desde el personal dirigiéndose a ellas con su nombre muerto o pronombre equivocado hasta la falta de explicaciones claras sobre sus diagnósticos.
Otro aspecto de violencia se vive con los procesos de donación de sangre. Al consultar con la Secretaría de Salud cuáles son los requisitos, se enumeran doce puntos para asegurar la sanidad del paciente. Sin embargo, aunque una persona LGBTIQ+ esté sana, con mucha frecuencia se le impide donar sangre.
Angie resalta que las luchas en el presente son muy importantes para que las personas que vengan en el futuro tengan las armas necesarias para seguir luchando en pro de sus derechos.
Mientras cae la tarde, Angie derrocha más energía, se balancea en su hamaca, continúa relatando sus pasiones de lucha y se abre paso para contar más de su familia. Actualmente tiene pareja y un sobrino de nueve años al que considera su hijo, pues se ha encargado de criarlo desde que este tenía dos años de edad.
Su semblante se entristece al revelar que al principio quiso desistir de la crianza de su sobrino debido a las críticas y los malos comentarios que se podían dar, pero su amor por el pequeño fue más grande y decidió que les demostraría que podía cuidarlo y educarlo siendo una mujer trans.
La cruda realidad
En La Ceiba, en la costa norte de Honduras, Mónica Martínez, abogada penalista quien ejerce de manera independiente y ha luchado en contra del sistema para lograr el respeto o reconocimiento en su trayectoría profesional. Recientemente tuvo una victoria a nivel personal cuando, al realizar el papeleo de caso, el juez le preguntó “¿cómo le gusta que la llamen?” para así poder incluirlo en los documentos.
Mónica reconoce que estos son pequeños avances que marcan una diferencia. Según la ceibeña, tanto el proceso de cambio de nombre como la ley de identidad de género tomarán algunos años más para concretarse completamente, pero alienta a sus compañeras a unirse para mantenerse informadas y poder esparcir la información correcta.
En cuanto a los retos que enfrentan las personas trans en Honduras, indica que se mantienen invisibilizadas debido a la discriminación, el estigma y la falta de voluntad política para crear una ley de identidad de género o al menos permitirles cambiar su nombre en el Registro Nacional de las Personas (RNP).
Desde hace ocho años, los grupos defensores LGBTIQ+ desarrollan un borrador de una ley de identidad de género integral que garantice el goce de derechos de las personas trans. “Hay que reconocer que se han dado avances, pero que falta muchísimo más”, comparte Allyson Hernández.
“Esto es algo que me ha venido afectando durante toda mi vida. Aquí donde me ves, sé de enfermería, conozco de mecánica industrial, conozco de computación y nunca pude ejercer ninguno de mis oficios ni mi carrera por esa limitante, por la discriminación”, expresa Angie.
Esta situación evita que puedan acceder a educación, servicios de salud y justicia, orillándolas en muchos casos a ejercer el trabajo sexual, “expuestas a la violencia y abusos que hay en las calles” e impidiéndoles disfrutar plenamente de su identidad de género en su propio país.
“Ni siquiera tenemos protocolos de atención especializada, somos discriminadas en los espacios educativos, no contamos con oportunidad de trabajo y siempre hemos tenido falta de respuesta por parte de los servidores públicos al momento que interponemos una denuncia”, dice la originaria de San Manuel.
En gran parte de casos, cuando una persona trans es asesinada, el tratamiento e investigación no llegan a resultado alguno. Los casos quedan engavetados y no se identifica a los culpables.
Dentro de las medidas de reparación en el caso Vicky versus Honduras se pueden destacar tres para refuerzo de los sistemas judicial, policial y penal: “1) crear e implementar un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, 2) adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia y 3) diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI”.
Diferentes organizaciones LGBTIQ+ han confirmado que ya ha habido un acercamiento de parte de entidades policiales y de investigación para realizar consultas y establecer parámetros que sirvan para cumplir lo solicitado por la Corte IDH. Es un paso necesario dado que los cuerpos estatales ni siquiera cuentan con cifras que contabilicen a la comunidad dividida en sus diferentes interseccionalidades.
Por otro lado, el encargado del censo poblacional del Instituto Nacional de Estadística, Mario Roberto Padilla, declaró que están en la fase de planificación para el nuevo censo y que, aunque no saben qué clasificaciones incluirá la boleta del censo, se sentarán con la población LGBTIQ+ para saber cuáles son las necesidades que deben incluirse.
Si se incluye el censo LGBTIQ+, será un gran avance y también se estaría dando cumplimiento a la sentencia de Vicky Hernández donde se solicita establecer un mecanismo de recolección de cifras con las diferentes interseccionalidades del espectro diverso, facilitando el acceso a la información.
Al momento de hacer solicitudes de información pública a los entes encargados se encuentran dos escenarios. Se cuenta con información dividida en las interseccionalidades más conocidas como homosexual, lesbiana y transexual, pero las cifras actualizadas no están actualizadas y no reflejan la realidad de las personas diversas.
La segunda es que las instituciones ni siquiera tienen los diferentes apartados que muestran las interseccionalidades del amplio espectro de la población LGBTIQ+, lo cual causa una crisis que invisibiliza a una población vulnerable que necesita antecedentes para poder sustentar sus luchas.
Un sistema que no provee seguridad ni justicia
Según el observatorio de muertes violentas de Cattrachas, en lo que va de 2022, uno de los años más violentos para la comunidad diversa, el observatorio de la Red Lésbica Cattrachas contabiliza que unas 432 personas diversas han muerto de forma violenta en Honduras desde 2009 y que, de estas, 128 son personas transexuales.
Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad solamente posee cifras desde 2018 y hasta el 20 de septiembre de 2022 solo tenían registradas 39 muertes LGBTI+. De estas, 34 han sido por homicidio, una natural, dos por suicidio y dos indeterminadas. Cifras que difieren mucho de las del observatorio de Cattrachas.
Una de estas muertes violentas es la de Soad, una mujer trans en situación de calle que vivía en un microbús al lado de una estación policial y fue asesinada a mediados de este año, pese a haber interpuesto tres denuncias por amenazas.
Al respecto, el presidente del Comité LGTBI+ del Valle de Sula, Osman Lara, reveló que, tras la muerte de Soad, miembros del comité se presentaron ante el Ministerio Público para preguntar por qué no se le brindó protección a su compañera, a pesar de las tres denuncias.
Lara indicó que desde el MP argumentaron no haber recibido denuncias, pero al llevar las pruebas documentales “no supieron cómo responder”.
Agregó que lamenta que, a un año y ocho meses de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Vicky Hernández contra el Estado de Honduras, falte voluntad de las autoridades para cumplir con las medidas de reparación, tales como permitir a las personas trans cambiar su nombre en el RNP.
Lo mismo opina Angie. Manifiesta que las personas diversas confiaron en las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, quien, a su criterio, “ha tenido poca participación pública” y no ha hecho esfuerzos por cumplir con las demás medidas compensatorias.
En el discurso de la toma de posesión, la presidenta Castro hizo reconocimiento público de las personas LGBTIQ+, acto histórico, pues ningún otro presidente lo había hecho. No obstante, los grupos de oposición avivaron el odio en contra de la diversidad durante la época de las fiestas de independencia.
El 29 de agosto de 2022, la Asociación de Pastores de Tegucigalpa publicó un comunicado por “ataques a los principios y valores cívicos”, declarando que estaban en desacuerdo con que la comunidad LGBTIQ+ desfilara junto con la niñez y juventud en los actos de independencia. Un acto de desinformación para desacreditar a la población diversa dado que no había hecho ninguna solicitud para participar.
Esto llevó a una serie de ataques de odio dirigidos a las personas LGBTIQ+ en los medios de comunicación y redes sociales. Una multitud de ciudadanos enardecidos por aquellas declaraciones comenzó a reafirmar la idea de que las personas de las interseccionalidades diversas atacaban la moral y las buenas costumbres del país.
Dicha situación desató una reacción de parte de la asociación LGBTIQ+ Kukulkán, que para transgredir el sistema decidió enviar, el 8 de septiembre, una solicitud a la Secretaría de Educación para participar de los desfiles principales. Adicionalmente presentaron una denuncia por discriminación ante el Ministerio Público.
Educación negó la solicitud y la denuncia nunca escaló a otras instancias. Lo anterior es todo un esquema de desinformación de parte de tal grupo religioso dado a que las personas LGBTIQ+ han participado desde 2010 en los desfiles patrios alternos de la resistencia contra el golpe de Estado.
Esta es la realidad que las personas trans deben afrontar en la sociedad hondureña. Constantemente se crean prejuicios en su contra en actividades que son cotidianas para las personas cisgénero. Algo que Angie viene viviendo desde hace siete años y que no parece terminar nunca.
Angie agrega que el cambio de nombre o la implementación de una ley de identidad de género no solucionaría los problemas de las mujeres trans en el país, pero sería una luz en la lucha por sus derechos.
“Que un país como el nuestro apruebe una ley de identidad de género sería maravilloso. Vendría a disminuir los problemas que tenemos como mujeres trans, a disminuir un poquito el estigma y la discriminación que existe”, dice.
En cuanto a sus planes para el futuro, Angie quiere terminar su licenciatura en Psicología, que no pudo seguir debido a la falta de recursos y la discriminación en los establecimientos educativos.
Además continúa trabajando con el grupo de jóvenes de su comunidad. “Estoy con ganas de trabajar con este grupo, hay historias nuevas que contar y hay un trabajo nuevo que realizar. Eso es lo que me mantiene entusiasmada”, concluye.
Al cierre de esta investigación hemos conocido las historias de tres mujeres trans migrantes, una de ellas de 17 años que no pudo seguir esperando sus derechos mientras el Estado hondureño sigue obstaculizandolos. Este reportaje va para las, los y les que se fueron, que están migrando y para aquellas quienes ven la migración como su única salida para vivir y ser su verdadera yo.
Para aquellos, aquellas y aquelles que se quedan para unirse a la lucha por la ley de identidad de género integral, el cambio de nombre, el respeto a los derechos humanos y la creación de protocolos que velen por sus vidas. Por Vicky, Angie, Allyson, Mónica, Aneiry, Kendra, Thalía, Claudia, Sofía y Dylan. Por lxs aliadxs, las organizaciones LGBTIQ+ y para todas aquellas personas que se deconstruyen a diario por una mejor Honduras que permita que las personas trans dejen de ser indocumentadas en su propio país.
Noticias en Español
Radicado por 3ra vez en Congreso de Colombia proyecto de ley que prohíbe las prácticas de ‘conversion’
La representante Carolina Giraldo se presentó el propósito
Por tercera ocasión, el Congreso colombiano estudiará un proyecto de ley que busca prohibir las denominadas prácticas de conversión en Colombia conocidas como los ECOSIG, o Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género, que son “herramientas” de diferente tipo (sesiones psicologías, psiquiatría, religiosas, etc.) para “corregir” la orientación sexual mediante maltrato y confusión a las personas.
El trámite legislativo ha fracasado en las dos legislaturas anteriores al no obtener los apoyos suficientes en las cuatro rondas de discusión exigidas para convertirse en ley de la República.
Este proyecto presentado por la representante Carolina Giraldo ante la Cámara de Representantes tiene como objetivo proteger la dignidad humana y garantizar la autonomía de todas las personas en cuanto a su orientación sexual, identidad y expresión de género.
Prohibir estas prácticas de maltrato representa un paso crucial en la lucha por erradicar la violencia contra la diversidad sexual y de género, promoviendo un país más inclusivo y respetuoso de los derechos humanos. Es una iniciativa que busca proteger la identidad sexual de cada persona, ya sea heterosexual o parte de la comunidad LGBTQ, para evitar que alguien en Colombia sufra por la imposición de una orientación sexual o identidad de género que no le corresponde.
La propuesta ha sido respaldada por varios parlamentarios y organizaciones defensoras de los derechos humanos, como la Fundación Sergio Urrego, la Cámara de la Diversidad, Colombia Diversa y Caribe Afirmativo. Además, cuenta con el apoyo de valientes sobrevivientes de los ECOSIG que han decidido transformar su dolor en esperanza, levantar su voz y unirse a la causa para evitar que más personas sufran los efectos devastadores de estas prácticas inhumanas.
El proyecto de ley pone énfasis en prevenir y prohibir estas intervenciones forzadas, mal llamadas “terapias de conversión”, que intentan cambiar la orientación sexual o identidad de género de las personas, bajo el pretexto de “curar” algo que no es una enfermedad.
Según la OMS, las orientaciones sexuales e identidades de género no son patologías, y cualquier intento de “curación” constituye una violación a los derechos humanos fundamentales.
La iniciativa refuerza la protección a las personas de ser sometidas a estas prácticas de conversión con la creación de un delito autónomo.
“Trabajamos junto a sobrevivientes y sus familias para detener estas prácticas en Colombia y evitar más sufrimiento”, señaló Giraldo.
Hay que aclarar que el proyecto no aborda temas relacionados con procesos de hormonización o reafirmación de género, que son decisiones personales y asistidas por profesionales médicos, sino que se enfoca exclusivamente en la prohibición de las prácticas coercitivas de conversión.
La campaña de apoyo a esta iniciativa ha tomado fuerza en redes sociales con los hashtags #QuiéreleSiempre y #NadaQueCurar, mensajes dirigidos a las familias de personas con identidades sexuales diversas, alentándolas a que brinden su apoyo incondicional y amor a sus seres queridos.
Nota editorial: “Desde OrgulloLGBT.co acompañamos como siempre el proceso legislativo de este proyecto hasta que sea materializado como una ley en el país, con la esperanza de que Colombia se convierta en un referente de respeto hacia la diversidad sexual y de género.” Ricardo Montenegro, director
Noticias en Español
Impunidad y violencia contra las poblaciones LGBTQ en Honduras: el caso de Erlin Blandín
Joven gay murió de tres balazos el 14 de julio
TEGUCIGALPA, Honduras — Un desgarrador testimonio sobre los datos actualizados de la violencia contra la comunidad LGBTQ ofreció Nahíl Zerón, colaborador en Red Lésbica Cattrachas, en una reciente entrevista. Zerón subrayó las alarmantes cifras de asesinatos y la dificultad en la búsqueda de justicia.
El entrevistado inició explicando el meticuloso proceso de registro de la violencia contra personas LGBTQ. “Nos dedicamos a recolectar datos y analizar patrones de muerte por orientación sexual e identidad de género”, dijo.
Zerón trabaja para una de las organizaciones que han revelado una cruda realidad: desde 2017 a julio de 2024 se registran 263 muertes violentas de personas LGBTQ y cuatro personas diversas desaparecidas.
Además, de los 45 casos judicializados, sólo 11 tienen sentencia condenatoria.
Para realizar el registro de la violencia contra las poblaciones LGBTQ se toman en cuenta detalles como el tipo de arma utilizada y el modus operandi. Asimismo, se registra la ubicación de las heridas en el cuerpo de la víctima, el rango de edad y la ocupación de las personas asesinadas.
Lo amenazaron e incendiaron su casa
Entre los casos de violencia contra las poblaciones LGBTQ se encuentra uno particularmente representativo: el de Erlin Asbiel Blandín Álvarez, de 34 años de edad. El joven gay pasante de la carrera de Periodismo en la UNAH murió de tres balazos. Su caso ilustra cómo múltiples factores de riesgo pueden confluir en una tragedia.
Blandín denunció haber recibido amenazas de Franklin Eduardo Alvarado Medina. Interpuso una denuncia por amenaza y extorsión. Además, aseguró que Alvarado incendió su casa. Blandín les comentó a sus compañeros de universidad que Franklin Alvarado quedó en libertad. Según Nahíl Zerón, “no podemos decir que esto tenga vinculación, pero sí confirmamos que él había expresado esa preocupación”.
La impunidad es alarmante
Blandín no sólo era un periodista comprometido con su labor. También era un activista cercano a las comunidades más vulnerables. Cuando lo asesinaron el 14 de julio de 2024, en Laureles, departamento de Olancho, estaba temporalmente en esa comunidad debido a su trabajo de investigación. Su residencia oficial estaba en Tegucigalpa.
Los informes indican que recibió un balazos en la parte izquierda del tórax, otro en la clavícula izquierda y el último en la espalda. Además se reportó que los atacantes se desplazaban en una motocicleta, lo cual sugiere que el ataque fue premeditado.
La impunidad en casos como el de Blandín es alarmante. Nahíl Zerón mencionó que incluso cuando uno de los casos recibe una condena, no se reconoce la violencia motivada por orientación sexual o identidad de género. Esta situación refleja una grave falla en el sistema judicial hondureño que a menudo generaliza los homicidios sin considerar los prejuicios específicos que los motivan.
Según Zerón, 2023 fue el año más violento para personas LGBTQ en Honduras desde 1994, con un total de 52 asesinatos registrados. Este aumento en la violencia genera un ambiente de miedo y desconfianza en las autoridades. Las personas LGBTQ sienten que sus vidas no son valoradas ni protegidas por el Estado. Eso las obliga a vivir constantemente con el temor de ser las próximas víctimas.
Es imperativo que las autoridades hondureñas y la sociedad tomen medidas concretas para proteger a esta comunidad y garantizar que los crímenes de odio no queden impunes. La vida y la dignidad de las personas LGBTQ merecen ser respetadas y defendidas. Es responsabilidad de todos trabajar por un futuro más justo e inclusivo.
Noticias en Español
Avanza la inclusión de poblaciones LGBTQ en Honduras
Se inauguró el Centro de Día de Somos CDC el 19 de julio
TEGUCIGALPA, Honduras — Facilitar un espacio para la población LGBTQ, personas con VIH y originarias es el principal objetivo del Centro de Día, inaugurado el 19 de julio pasado por el Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTIQ+ (Somos CDC). El Centro aspira a convertirse en un lugar para la inclusión de poblaciones vulnerabilizadas.
Por medio del Centro de Día, Somos CDC busca facilitar el acceso a un espacio que permita a las poblaciones vulnerabilizadas realizar reuniones, podcasts, entrevistas o actividades físicas.
Un lugar físico accesible
Somos CDC impulsa el Centro de Día para responder a la necesidad de un lugar para la inclusión de poblaciones en el que tengan acceso a un entorno abierto.
Esta iniciativa complementa el trabajo de fortalecimiento de las organizaciones mediante un lugar físico donde llevar a cabo actividades sin altos costos de alquiler que a menudo impiden realizarlas.
El Centro de Día cuenta con una sala de reuniones equipada con aire acondicionado, televisor, sillas y servicio de internet. Este espacio para la inclusión de poblaciones vulnerabilizadas tiene también un estudio donde se podrá realizar cualquier contenido multimedia, espacio para entrevistas, podcasts, campañas, etcétera.
Además de reducir las barreras económicas, el Centro se propone como un espacio gratuito para que las organizaciones enfoquen sus recursos en la implementación de sus programas. En colaboración con entidades como Médicos del Mundo, ofrece servicios médicos especializados y apoyo psicológico, social y cultural.
El horario de funcionamiento del Centro de Día es de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Sus instalaciones están disponibles de manera gratuita para organizaciones y grupos que deseen realizar actividades. Las reservas deben coordinarse para asegurar la disponibilidad y el buen desarrollo de las mismas.
El objetivo a largo plazo es replicar este modelo en otras ciudades, ampliando el alcance y los beneficios del Centro. Por ahora, la comunidad está invitada a utilizar y promover este espacio, fomentando una verdadera inclusión y colaboración.
CDC, a un click
Somos CDC también cuenta con su página web, donde proporciona información detallada sobre su funcionamiento y actividades. Según uno de los representantes, diseñaron la web para ofrecer acceso a recursos y permitir a las personas obtener información sobre los servicios disponibles.
El portal ofrece una introducción a las actividades del centro, incluyendo programas de participación en ciencia política, acceso a la justicia y desarrollo económico, así como programas de comunicaciones para el cambio cultural. En las redes sociales como Instagram y YouTube se presentan actividades y contenidos educativos y de sensibilización.
Además, la web incluye un formulario para consultas y sugerencias que ofrece un canal directo de comunicación con el equipo del Centro. También se proporciona información sobre la misión, visión y metodología de trabajo del centro, así como detalles sobre los valores organizacionales y la estructura del equipo.
Un aspecto importante del portal es la inclusión de sistemas de cuentas y estadística, que registran datos relevantes sobre la población vulnerable. Estos sistemas permiten un seguimiento detallado de temas como la migración, la violencia contra la población LGBTQ y los crímenes de odio.
En resumen, CDC no sólo se posiciona como un lugar físico de apoyo e inclusión. Es también un recurso digital integral que facilita la participación y el acceso a la información para todos los interesados.
Noticias en Español
Corte Constitucional de Ecuador insiste a Asamblea que apruebe ley sobre reproducción asistida
Legisladores no han cumplido con una sentencia de 2018
La Corte Constitucional nuevamente señaló a la Asamblea por incumplir con una sentencia en un caso relacionado a derechos de personas LGBTQ. En esta ocasión, en un fallo del 6 de junio de 2024, llamó la atención al Legislativo por no cumplir con el plazo dispuesto para regular los procedimientos médicos de reproducción asistida.
Estos métodos, generalmente usados por parejas con problemas de fertilidad o que no pueden concebir naturalmente, no están contemplados en la legislación ecuatoriana y son una opción para parejas de mujeres lesbianas que deciden procrear.
En mayo de 2018, la Corte Constitucional falló a favor del caso Satya. En la sentencia de ese año, ordenó al Registro Civil la inscripción de Satya como hija de Nicola Susan Rothon y Helen Bicknell. La niña fue concebida por reproducción asistida.
El Registro Civil se había negado a inscribir a Satya con doble filiación materna. Nicola y Helen iniciaron una lucha de casi 6 años para que el Estado reconozca la identidad de su hija.
En ese fallo de 2018, la Corte Constitucional declaró que se vulneraron derechos como identidad, igualdad y no discriminación, y familia en sus diversos tipos.
Además, dispuso a la Asamblea que hasta junio de 2019 “adopte las disposiciones legales necesarias para regular los procedimientos médicos de reproducción asistida”. Sin embargo, hasta la fecha el Legislativo no ha cumplido con esa disposición.
La Asamblea alegó a la Corte Constitucional que había aprobado los métodos de reproducción asistida en el Código Orgánico de la Salud en 2020, pero fue vetado totalmente por el expresidente Lenín Moreno. Aún así, desde el veto ha transcurrido más de un año para que el Legislativo pueda retomar el tratamiento de este tema y no lo volvió a hacer.
Por ese incumplimiento, la Corte dictó la sentencia del 6 de junio de 2024 en que llama la atención a la Asamblea, pero también ordenó a la Defensoría del Pueblo que, en un plazo de tres meses, elabore un proyecto de ley que regule los procedimientos de reproducción asistida. Este proyecto debe ser tramitado, debatido y aprobado de manera prioritaria por la Asamblea en un plazo máximo de 10 meses.
Esta sentencia fue notificada el 26 de junio de 2024. Por ello, hasta finales de julio de 2025, debería estar aprobada la ley.
Corte también se pronuncia por otra demora
La Corte Constitucional emitió este nuevo fallo tras analizar dos demandas de acción de incumplimiento de dos sentencias del organismo: caso Satya (2018) y caso Bruno Paolo Calderón (2017).
En este último, la Corte ordenó en mayo de 2017 a la Asamblea reformar la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles para permitir a las personas transexuales cambiar en la cédula de identidad el campo de sexo; si bien la norma pemitía reemplazar sexo por género, se creó dos sistemas de cedulación. Sin embargo, la Asamblea tardó más de seis años en cumplir con la sentencia.
Por esta demora, la Corte también llamó la atención al Legislativo en la reciente sentencia, pero en mayo de 2022 ya lo había hecho en otro fallo en que dio un ultimátum.
Una de las acciones de incumplimiento que la Corte analizó para la reciente sentencia fue presentada por la Asociación Silueta X en diciembre de 2021.
Sentencia de la corte constitucional 66-18-IS/24 reafirma #SexoEnLaCedula para personas Trans y permitirá avanzar en el proyecto de ley para Reproducción Asistida para LGBT+ (Parejas del mismo Sexo). Un avance importantísimo para nuestras poblaciones en Ecuador.
Sentencia… pic.twitter.com/duUjD9AO3h
— DIANE RODRIGUEZ (@DianeRodriguezZ) July 8, 2024
Diane Rodríguez, presidenta de la organización, destacó en sus redes sociales el fallo de la Corte y habló incluso de un proyecto conjunto entre Silueta X y la Defensoría del Pueblo, pero la sentencia solamente otorgó esta atribución a este último organismo en coordinación con el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional.
Sumilla: 47 inscripciones de progenitoras
Tras la sentencia del caso Satya, el Registro Civil ha realizado 47 inscripciones de nacimiento solicitadas por progenitoras del mismo sexo.
Estas inscripciones se registraron desde julio de 2018 hasta junio de 2024, según información proporcionada por la institución a este medio de comunicación.
Edición Cientonce también consultó por la inscripción de hijxs de parejas conformadas por hombres, pero el Registro Civil señaló que, conforme a la sentencia del caso Satya, realiza la inscripción de nacimiento en caso de progenitoras del mismo sexo por reproducción asistida.
“En cuanto a la inscripción de nacimiento de dos progenitores, la normativa vigente no habilita este tipo de casos”, indica la institución en la información enviada.
Sin embargo, la sentencia del caso Satya señaló también que el Registro Civil no podía alegar en las inscripciones de nacimiento la falta de ley para reconocer la doble filiación paterna o materna, y los diversos tipos de familia.
Pese a esta regla jurisprudencial que emitió la Corte en la sentencia, ha habido casos como el de Denise y María, quienes por dos años no pudieron registrar a su hija Raphaella con doble filiación materna. Ellas la concibieron por inseminación casera y tuvieron que recurrir a la justicia para lograr la inscripción.
Noticias en Español
Unas 24 mil personas participan en marcha del orgullo en la capital salvadoreña
Evento anual es un símbolo de resistencia y esperanza
SAN SALVADOR, El Salvador — El 29 de junio, aproximadamente 24.000 personas se reunieron en la capital de El Salvador para participar en la marcha del orgullo LGBTQ, según datos compartidos por El Salvador G. A pesar de la persistente lluvia, el evento se desarrolló sin contratiempos, mostrando la determinación y el espíritu de la población LGBTQ y sus aliados.
La marcha no solo fue una celebración de la identidad y la diversidad, sino también un acto de protesta contra las políticas y acciones del gobierno que han afectado negativamente a la población LGBTQ. El Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, en sus declaraciones, señaló los múltiples desafíos que enfrentan.
“El escenario al cual nos enfrentamos es complicado no solo para nosotres, sino también para todos los ámbitos de la movilización social. Como Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, reconocemos los retrocesos que han marcado los últimos cinco años”, declara el colectivo.
Entre los retrocesos mencionados están la disolución de la Dirección de Diversidad Sexual, la derogación del decreto ejecutivo 56 que prohibía la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y la exclusión de la atención en salud pública y educación. Además, han sido archivadas propuestas legislativas clave como la Ley de Identidad de Género y la Ley por la Igualdad y No Discriminación. Estos eventos, junto con una reelección presidencial que consideran ilegítima, representan, según el movimiento, “el fin de 32 años de una democracia, que, aunque débil y homo, trans y cuirfóbica, no empujaba a sus detractores al exilio y no afectaba, como hoy, el goce de todos los derechos de todas las poblaciones”.
La marcha también sirvió como un espacio para exigir el respeto y la garantía de sus derechos humanos, contando con el apoyo de movimientos feministas, estudiantiles y de juventudes. En sus consignas, también se hicieron eco de luchas internacionales, mostrando solidaridad con los pueblos de Palestina, Ucrania, Armenia, República del Congo, Sudán, Haití y otros territorios afectados por regímenes antidemocráticos.
“Marchamos hoy en solidaridad con los pueblos de Palestina, Ucrania, Armenia, República del Congo, Sudán, Haití y otros territorios donde regímenes antidemocráticos violentan los derechos humanos de sus poblaciones”, declararon los organizadores. “Desde el pueblo salvadoreño, nos identificamos con sus situaciones y compartimos su lucha por la justicia y la libertad”.
Escenarios adversos
El pasado mes, la obra de teatro “Inmoral”, que pudo presentarse en la Gran Sala del Teatro Nacional de El Salvador, fue cancelada por el Ministerio de Cultura, mismo que había aprobado con anterioridad dicha puesta en escena, generando una ola de críticas y preocupaciones sobre la censura y la libertad de expresión por parte de la población LGBTQ, contra otra tendencia de comentarios en apoyo a la acción del gobierno del presidente Nayib Bukele.
Días después, la situación se intensificó cuando alrededor de 300 empleados del Ministerio de Cultura fueron despedidos, con el gobierno argumentando que estos empleados promovían “agendas incompatibles” con la visión oficial.
A través de X, Bukele defendió la medida, afirmando que no solo se buscaba alinear las políticas ministeriales con la orientación gubernamental, sino que también se pretendía generar ahorros en los fondos públicos. Esta justificación no ha mitigado las críticas de diversos sectores que ven en estas acciones un intento de limitar la diversidad de pensamiento y expresión en el ámbito cultural.
En paralelo, en Costa Rica, el presidente Rodrigo Chaves destituyó a la ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, y al comisionado de Inclusión Social Ricardo Sossa. Esta decisión se produjo poco después de la polémica cancelación de la declaratoria de interés cultural para la Marcha de la Diversidad.
La situación de El Salvador ha resonado en foros internacionales; Ambar Alfaro, una activista independiente de la población LGBTQ, junto con una delegada del Colectivo Alejandría, asistió a la Asamblea General de la OEA 2024. Durante el evento, intentaron abordar al equipo acompañante de la canciller salvadoreña para discutir el futuro de las políticas gubernamentales hacia la población LGBTQ en El Salvador. Sin embargo, recibieron una respuesta negativa. Alfaro subrayó la contradicción en la disponibilidad del gobierno para reunirse con grupos pro-vida, incluyendo al controvertido Eduardo Verástegui, mientras evitaban el diálogo con representantes de la comunidad LGBTQ en dicha Asamblea.
Estas acciones han suscitado preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural, subrayando la necesidad de un debate más amplio y una supervisión más crítica de las políticas gubernamentales. La cancelación de la obra “Inmoral” y los despidos en El Salvador, junto con los eventos en Costa Rica, plantean serias interrogantes sobre la dirección de la política cultural en la región y el compromiso con la inclusión y la diversidad.
La lucha del movimiento LGBTQ sigue
La Marcha del Orgullo, según el movimiento, “es una expresión poderosa de resistencia y esperanza”. Agregaron que celebran sus victorias, lloran sus pérdidas y renuevan su compromiso con la lucha por la igualdad, “marchamos para crear un futuro en el que todas las personas podamos vivir libres de violencia y opresión, donde la dignidad y la solidaridad prevalezcan sobre el odio, la discriminación y la violencia”.
La multitud que participó en la marcha, incluyendo personas de todas las edades y procedencias, demostró la creciente aceptación y el apoyo a la comunidad LGBTQ en El Salvador. Las banderas arcoíris y de las diferentes expresiones de la diversidad sexual, los mensajes de amor y aceptación, y las expresiones artísticas en forma de música, danza, acróbata, entre otras, llenaron las calles, convirtiendo la marcha en una colorida celebración de la diversidad y una protesta llena de color.
El evento culminó en El Salvador del Mundo, con discursos y llamados a la acción por parte de líderes del movimiento, instando a todos los presentes a seguir luchando por una sociedad más justa e inclusiva. Les líderes y activistas recordaron la importancia de la solidaridad y la unión en tiempos difíciles, destacando que cada persona tiene un papel que desempeñar en la construcción de un futuro mejor para todos/as.
La marcha del orgullo LGBTQ de este año en El Salvador fue más que una celebración; fue una declaración contundente de resistencia contra la opresión y un llamado a la solidaridad internacional. En un contexto de retrocesos políticos y sociales, la población LGBTQ y sus aliados demostraron que, a pesar de las adversidades, la lucha por la igualdad y la justicia continúa.
Noticias en Español
Se hunde el proyecto de ley que buscaba prohibir las terapias de conversión en Colombia
La OMS en 1990 dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad
BOGOTÁ, Colombia — Por temas de trámite se hunde en la comisión primera del Senado el proyecto de ley que buscaba prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” en Colombia.
Los conocidos técnicamente como “ECOSIG” son los tratamientos que mediante tortura física o influencia psicológica o religiosa buscan “corregir” la orientación sexual e identidad de género de las personas diversas.
A pesar que estaba en el orden del día de 11 y 12 de junio en la comisión primera del Congreso de Colombia, los legisladores no abordaron la discusión dejando pendiente este punto que por términos de tiempo en trámites deberá volver a ser presentada. Se necesitaban dos debates más para lograr que se hiciera realidad el anhelo de una legislación que prohíba esas prácticas de tortura en el país.
Es importante recordar que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad, retirándola del libro de enfermedades psiquiátricas; por tanto ningún profesional de la salud física o mental debería prestarse para tratamientos que “corrijan” la homosexualidad.
NADA QUE CURAR No es terapia … es tortura!
Noticias en Español
Se conmemoran el día contra la LGBTQ+fobia en El Salvador
Directora de ASPIDH nota violaciones de derechos humanos en el país
SAN SALVADOR, El Salvador — Como en muchas partes del mundo, el 17 de mayo en El Salvador se conmemora el día internacional contra toda forma de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, ya que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.
En ese concepto, diversas organizaciones LGBTQ+ coordinan en esta fecha, todo tipo de acciones para denunciar la discriminación, violencia y hostigamiento del que son víctimas las personas LGBTQ+.
La Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano organizó una conferencia de prensa para presentar su posicionamiento, un conversatorio denominado “Gobierno vrs. Democracia inclusiva” para discutir sobre la realidad salvadoreña y un plantón a las afueras de un centro comercial populoso, para alzar la voz ante sus demandas al Estado salvadoreño.
En cada acto dejar claro entre sus palabras que no se reconocen muchos derechos a las personas LGBTQ+, como contar con una ley de identidad de género que permita el cambio de nombre y género para personas trans, garantizando así el derecho a la identidad de cada persona, pues este es un derecho fundamental.
Además, mencionaron que no se permite la libre expresión del género auto percibido en los centros escolares y esto lleva a una deserción escolar a temprana edad, dejando así a dichas poblaciones sin acceso a un trabajo formal con prestaciones sociales, dejando como única opción el trabajo sexual y el trabajo informal, de esta manera no se permite un desarrollo pleno y tampoco lograr tener una vejez digna, incrementando así la extrema pobreza y el alza de la migración en la población LGBTQ+.
Hay muchas violaciones a los derechos humanos hacia la población LGBTQ+ de acuerdo con Mónica Hernández, directora de ASPIDH.
“Antes del régimen de excepción había extorsión por los miembros de pandillas, ahora son los cuerpos uniformados, esos que deberían estar protegiendo la seguridad de nuestras poblaciones, ellos son ahora los principales ‘violentadores’ de derechos con el permiso del Estado”, ella aseguró.
Entre las exigencias que externaban estaba por ello, la aprobación de una Ley de Identidad de Género para personas trans, según los estándares internacionales emitidos en la opinión consultiva 24/7, el cual también fue un mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea Legislativa en El Salvador hace más de un año.
Para Hernández, el hecho de que el Estado no vele por hacer cumplir los derechos de toda la población por igual tiene que ver con que no se pueda contar con dicha ley.
“Hace falta llegar a la población en general, eso debería de ser acompañado por parte del Estado a través de campañas publicitarias donde se inste a respetar los derechos humanos de todas las poblaciones. Si esto existiera la población entendiera que mi identidad y expresión de género necesitan tener un documento de identificación que vaya acorde con mi con mi identidad y mi expresión de género auto percibida”, aclara al Washington Blade Hernández.
De acuerdo con la organización, el Estado Salvadoreño, está tratando de invisibilizar a la población LGBTQ+ en todo aspecto, otro ejemplo es en el Censo de Población y Vivienda de El Salvador 2024, dirigido por el Banco Central de Reserva que comenzó el 2 de mayo, en el cual no hay ningún apartado que hable sobre orientaciones sexual, identidades o expresiones de género.
“En el censo, solo está siendo tomado en cuenta el sexo asignado al nacer, hay en cencistas que específicamente dice cuál es su sexo cuando nació, no hay una tercera casilla, ahora se ha invisibilizado totalmente, o sea, no vamos a poder tener acceso a información pública que diga cuánta población LGBT hay actualmente”, expresó Fátima Ortiz, abogada de ASPIDH.
También exigen acceso a una salud integral, gratuita y universal para poblaciones clave, aclarando que esto es parte de lo que se retrocedió con el gobierno actual en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación.
“Las organizaciones de sociedad civil teníamos trabajo avanzado, había un acuerdo con el Ministerio de Salud. Había un formulario para hacer una prueba de VIH donde se mencionaba explícitamente la orientación sexual, la identidad y la expresión de género de las personas, esos son datos súper importantes para el Estado que ahora ya no van a tener”, menciona Hernández.
Agrega que el Estado debe iniciar una lucha contra toda forma de discriminación hace la población LGBTQ+, apostarle a la formación educativa para las mismas y la reinserción social y laboral. Sin olvidar el visibilizar los casos de violaciones de derechos humanos a dicha población.
ASPIDH hace un llamado a la ciudadanía para que se unan a la movilización solidaria e incidencia política para el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de la población LGBTQ+.
Noticias en Español
Juez en Colombia suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo
Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’
CARTAGENA, Colombia — La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.
Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos.
“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.
Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.
El caso ante la justicia disciplinaria:
Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.
Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.
Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.
Noticias en Español
27 personas LGBTQ+ fueron asesinadas en Ecuador en 2023
Asociación Silueta X presenta el informe
POR VICTOR H. CARREÑO | GUAYAQUIL, Ecuador — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.
El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.
Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho.
De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.
David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.
“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.
Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.
Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.
El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.
“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.
El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.
Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.
Pedidos al Estado
Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.
Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.
En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios.
Noticias en Español
Congreso de Colombia avanza proyecto de ley para prohibir ‘terapias de conversión’
Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor
BOGOTÁ, Colombia — El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ+, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ+.
En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión.
Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.
La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.
En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.
El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.
2024 Election: A short guide to California Propositions
GuadaLAjara Film Festival honors Nava Mau at opening night
Out in the World: LGBTQ+ news from Asia, Canada, and Europe
Kenyan court awards two gay men $31K
A writer finds his voice through sex work in ‘Sebastian’
Los Angeles opens nation’s first transgender vote center
Meet the LGBTQ+ candidates running in key races from U.S. Senate to state houses
Evangelical church leaders are endorsing anti-LGBTQ+ candidates in California’s suburbs
A writer finds his voice through sex work in ‘Sebastian’
Harris cites Stonewall in closing message at the Ellipse
-
Los Angeles3 days agoLos Angeles opens nation’s first transgender vote center
-
Politics5 days agoMeet the LGBTQ+ candidates running in key races from U.S. Senate to state houses
-
News5 days agoEvangelical church leaders are endorsing anti-LGBTQ+ candidates in California’s suburbs
-
Movies3 days agoA writer finds his voice through sex work in ‘Sebastian’
-
Politics5 days agoHarris cites Stonewall in closing message at the Ellipse
-
Chile5 days agoNew face of Chilean politics includes LGBTQ+ rights agenda
-
Israel4 days agoILGA World suspends Israeli advocacy group after bid to host conference withdrawn
-
Books3 days agoRandy Rainbow doesn’t hold back in new book
-
Kenya1 day agoKenyan court awards two gay men $31K
-
World23 hours agoOut in the World: LGBTQ+ news from Asia, Canada, and Europe